Por Daniel Elías
(Especial para ANALISIS)
Hace poco tiempo algunos dirigentes sociales de la Argentina decíamos que uno de los temas más importantes que estaba ausente en el debate político nacional era la seguridad social. Preocupados por lo que veíamos en otras sociedades nos preguntábamos si en el país estaban dadas las condiciones para avanzar en un debate político vinculado a las reformas que fueran impuestas en los años 90 y cuyos efectos aún estamos padeciendo. Nos preguntábamos entonces para cuándo se darían las condiciones para ese debate. Todo indica que ese tiempo ha llegado.
Si revisamos nuestro pasado reciente nos encontramos con que la Argentina de los años 80 y de la incipiente democracia mostraba una seguridad social construida sobre un compromiso intergeneracional que había engendrado algunas distorsiones, algunos vicios que terminarían transformándose en las fundadas críticas hacia el sistema mismo, serían las espadas con las cuales perforarían los cimientos de estos mismos regímenes para dar lugar a nuevas formulaciones que con un mensaje de modernidad y eficiencia prometerían desplazar a un Estado supuestamente ineficiente y burocrático.
La Argentina de los años 90 despojaría al Estado de una parte esencial de su responsabilidad política, la seguridad social. La reforma impulsada desde los sectores más liberales de la economía introduciría en este espacio de la política social a empresas que nacieron con finalidad de lucro, asociadas a entidades vinculadas al mercado bursátil y bancario. El resultado sería el esperado… rentabilidad para dichas empresas, ganancias importantes para sus directivos, falta de competencia y eficiencia entre las mismas; y el aspecto más saliente: bajo nivel de cobertura para las prestaciones que brindarían a sus afiliados. Y además, con una evidente vulnerabilidad que ha quedado absolutamente expuesta ante la mega crisis financiera global que sacude al mundo entero y que puso en riesgo de vida a los fondos acumulados durante estos últimos 14 años.
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