La cuarta parte de los diputados de Entre Ríos tiene sus oficinas fuera de la Legislatura. Todo hace suponer que los inmuebles que ocupan son alquilados. Pero se trata de conjeturas, ya que la Cámara demora en responder sobre la inversión que realiza para tal fin.

La publicidad de los actos de gobiernos es uno de los principios en los que se asienta el sistema republicano. Un sistema que, según reza la Constitución de la provincia, Entre Ríos adoptó para definir su forma de gobierno. Siguiendo ese principio, el de la publicidad de los actos de gobierno, ANALISIS quiso saber cuánto dinero destina la Cámara de Diputados al pago de alquileres para oficinas, dónde están ubicados esos inmuebles y qué uso se les asigna a esas propiedades.

Cumpliendo con el procedimiento establecido por el decreto 58/06, que reglamenta el derecho de acceso a la información pública en Diputados, se formuló una petición. Pero habiendo transcurrido un mes, todavía no hubo respuesta. La solicitud fue realizada con el interés en conocer la utilización de los fondos públicos, habida cuenta la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de sus actos. Se hizo a través de un pedido de acceso a información pública presentado el 28 de noviembre pasado.

El escrito ingresó por la Mesa de Entrada de la Cámara baja y fue caratulado cono Nota 3.104, tal como puede verse en el facsímil que acompaña a este artículo.
Se trató de una esquela breve, de apenas tres párrafos. En el segundo quedó detallado qué se requería a Jorge Busti, presidente del cuerpo legislativo: “a) nómina completa de los inmuebles alquilados por la Honorable Cámara de Diputados; b) ubicación de cada uno de ellos; c) uso o destino que se le asigna a cada propiedad; d) fecha de inicio y de terminación de cada contrato; y e) monto mensual de los alquileres”.

Tras leerlo, el empleado que recibió el pedido de información selló el original y la copia, les puso la fecha y hora a cada ejemplar, los firmó y colocó su identificación al pie.

Manuel Taleb, de él se trata, luego puso un sello con la inscripción “Es copia” en el que quedó como comprobante para este semanario. Después asentó el ingreso del pedido de información en un registro que lleva la Mesa de Entrada de Diputados.

Sin novedades

El 15 de diciembre pasado, al cumplirse los 10 días hábiles desde la presentación, el autor de estas líneas fue a Diputados para conocer en qué estado se encontraba el expediente.

En la Mesa de Entrada de Diputados volvió a ser atendido por Taleb. Tras revisar los libros de la oficina, el empleado indicó que el pedido de acceso a información pública había sido girado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara, a cargo de Víctor Hugo Berta.

La oficina del ex fiscal de Estado adjunto está al lado de la escalera que lleva al bloque de senadores provinciales del Frente Justicialista para la Victoria (FJV), sobre calle Santa Fe, en la planta baja de la Casa de Gobierno.

En la Dirección de Asuntos Jurídicos se repitió el procedimiento: tras leer la copia del pedido de información exhibido por el cronista se consultó con un registro. Según los datos de un cuaderno de tapa azul, la petición estaba ahí desde el 10 de diciembre.

El dato no aportó mucho. De hecho ya había sido anticipado por Taleb desde la Mesa de Entrada de Diputados, convirtiéndose en el motivo de la presencia del peticionante en la antesala del despacho de Berta.

También ahí, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, se dijo algo que ANALISIS ya sabía: el pedido de información no había sido considerado porque el responsable de ese organismo estuvo abocado por esos días al estudio del proyecto de presupuesto 2009. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y Diputados la aprobó la semana siguiente, girándola de inmediato a la Cámara de Senadores, donde tuvo sanción definitiva.

La información recogida tanto en Mesa de Entradas como en la Dirección de Asuntos Jurídicos confirmó que transcurrieron siete días hábiles sin que el pedido de información mereciera consideración alguna. Una demora que podía poner en riesgo la entrega de la información dentro de un plazo oportuno, tal como establece el decreto 58/06.

Alertada por la observación, la empleada pidió que se efectuara una consulta telefónica más tarde. Eran las 11 cuando anotó en el reverso del pedido de información la línea directa de Asuntos Jurídicos: 4208039. Pero dejó entrever que la respuesta a la petición recién podría brindarse una semana más tarde.

Poco después del mediodía de ese 15 de diciembre, y cumpliendo con su indicación, se llamó al número de Asuntos Jurídicos. La misma empleada, esta vez del otro lado de la línea telefónica, dijo que la respuesta no estaba disponible.
Tampoco brindó precisiones sobre un eventual pedido de prórroga.

(Más información en la edición gráfica del semanario ANALISIS)