Silvio Méndez
Apenas pasado un año de gestión municipal, el Ejecutivo de la ciudad decidió realizar un revalúo fiscal para sostener el aumento de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y la Tasa por Servicios Sanitarios (TSS). La medida, tomada por decreto, en principio abarcó cuatro zonas, luego siete y finalmente será efectiva en tres, a partir de que al ser ratificada por ordenanza se suspende en cuatro de ellas el encarecimiento. La dubitativa decisión del intendente José Carlos Halle ya había sido rechazada por la Defensoría del Pueblo por no dar intervención a los “órganos depositarios de la voluntad general” y por un grupo de vecinos Autoconvocados que presentaron una acción de inconstitucionalidad. Aun ratificada por el HCD, los ciudadanos nucleados harán una ampliación de la presentación judicial por considerar que se violó la “proporcionalidad”. En diálogo con ANALISIS, miembros de esta asamblea apuntaron contra el afán recaudatorio, la falta de servicios que justifique los incrementos y la desmedida planta de personal político de la comuna.
Finalmente, el dócil bloque oficialista en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Paraná ratificó el sábado pasado por ordenanza los decretos mediante los cuales el Ejecutivo Municipal decidió actualizar las valuaciones fiscales de los inmuebles en la ciudad y, con esto, aumentar la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y la Tasa por Servicios Sanitarios (TSS) para algunos sectores de la urbe. De esta manera, el cuerpo deliberativo salvó lo que podía constituirse en un engendro legal, si se toma en cuenta que la base de los incrementos en las cargas fiscales se modificó mediante este instrumento unilateral del que puede, en algunos casos, echar mano el jefe comunal. Precisamente, como regalo de fin de año, el 30 de diciembre de 2008, la Intendencia de José Carlos Halle suscribió el Decreto Nº 1.769, mediante el cual se dispone una actualización de los valores de los terrenos en Paraná. La medida, en principio, renovaba el valúo de tierra y mejoras a cuatro zonas que se diferenciaban según criterios de tipo de construcción y ocupación en metros cuadrados, entre otros parámetros. Confusamente, la medida fue luego rectificada por el Decreto 25/09, que extendió la valuación fiscal a siete zonas. Según argumentó el subsecretario de Hacienda de la Municipalidad, Marcelo Rubattino, el complejo esquema de estratificación territorial les habría llevado entre cinco o seis meses, entre los que se tuvo en cuenta “la valuación fiscal de la propiedad, los servicios directos y los servicios indirectos”, entre los cuales se contaron las prestaciones básicas como agua, cloacas, la recolección de residuos, mantenimiento vial, parques, paseos y espacios públicos, alumbrado, barrido, limpieza y “señalización” (SIC).
Conocida la medida, un grupo de habitantes de Paraná enrolados en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados rechazó el impuestazo que, según sus cálculos, iban del 50 al 200 por ciento. En tanto, oficialmente las actualizaciones podían tener un impacto del 0 hasta el 89 por ciento según dónde se encontrara cada propiedad y con un promedio general del 67 por ciento. La oposición al tarifazo se canalizó en manifestaciones, volanteadas y, lo que más hiere a Halle, con un escrache frente al domicilio particular del presidente municipal. En la faz institucional, la Defensoría del Pueblo de Paraná también se expidió con una recomendación donde se cuestionó la legalidad de la medida municipal al entender que “sin ley no hay tributo”, pidió la intervención del Concejo Deliberante, solicitó al intendente deje sin efecto la actualización de los avalúos de los inmuebles y, con esto, la variación en los montos de las tasas. Asimismo, la asamblea de vecinos recurrió a la Justicia con una acción de inconstitucionalidad para frenar los decretos de revalúos. En este sentido, sobre el escrito presentado, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Rosario Romero, opinó que se pretendía “judicializar un conflicto político”. Algo que también enrareció el clima fue que el intendente Halle se negó a recibir a los Autoconvocados en una audiencia solicitada (con 2.700 firmas) para tratar el tema y sí lo con mansos vecinalistas que apoyan el revalúo inmobiliario.
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