D. E.
El Tribunal de Cuentas está analizando una serie de irregularidades, que pueden comprometer a quienes integran la Comisión Liquidadora del Frigorífico Regional Santa Elena. Por un lado, la forma en que un empresario agrícola se podría quedar con un campo de casi 1.000 hectáreas, ubicado en Formosa, que pertenecía a la planta industrial; y por el otro, el cobro de honorarios de un ex apoderado del frigorífico, que inicialmente eran de 40.000 pesos, pero llevó la deuda a más de 600.000, por lo cual hizo embargar una de las cuentas corrientes del Estado entrerriano, sin que exista el más mínimo control de la abogada Erica Ivon Kramer y el contador público Guillermo Chervo, allegado al viceministro de Economía de la provincia, José Humberto Flores, ambos integrantes del órgano liquidador.
El desaparecido Frigorífico Regional Santa Elena –cuya liquidación aún está en manos del Estado entrerriano– fue y sigue siendo una torta, cuyos bienes, como porciones, aún genera peleas, con algunas consecuencias económicas para la provincia, por más que pocos quieran darse cuenta. Pasaron los negocios de Eduardo Constantini en su momento; las cuentas millonarias en el Uruguay de Domingo Daniel Rossi; el negocio con el empresario Sergio Taselli –que en “90 días” iba a poner en marcha la planta– o los acuerdos económicos con el grupo Tres Arroyos, la familia Etchevehere o los peruanos-entrerrianos, amigos de Vladimiro Montesinos.
Está claro que a casi 18 años de aquella privatización dispuesta por Jorge Busti en su primera administración, los problemas no cesan. Aún quedan bienes y negocios dando vueltas por estudios jurídicos o despachos tribunalicios de diferentes provincias, donde abundan las aves de rapiña en búsqueda de la última tajada. Desde hace un tiempo –según pudo determinar ANALISIS–, integrantes del Tribunal de Cuentas se encuentran investigando una serie de irregularidades cometidas por la Comisión Liquidadora del ex frigorífico, integrada por Erica Kramer y Guillermo Chervo. Ambos fueron nombrados en tal cargo por Jorge Busti, en el año 2004, a poco de asumir su tercer mandato. Claro que Chervo –que es oriundo de Santa Elena– se encuentra en ese lugar desde la privatización post-Constantini y Kramer es una joven abogada que responde a sus criterios.
Los sabuesos del organismo de calle Andrés Pazos encontraron que a fines de 2006, un señor Luis Canessa inició una demanda adquisitiva de dominio por usucapión contra la liquidadora del frigorífico, por un total de 975 hectáreas, que se encuentran en Formosa y pertenecen al Estado entrerriano. Canessa optó por pagar los impuestos en el período 2000/2006, cancelados algunos en 2005 y otros en 2006. El citado empresario es uno de los dueños de la firma Estancias La Florida, creada en 2004, en sociedad con Heriberto Gibson, ambos domiciliados en Formosa. La jueza formoseña María Eugenia García Nardi dio curso a la presentación realizada y por ende consideró promovida la demanda.
Los auditores del Tribunal de Cuentas consideraron en su informe que “estamos frente a un proceso judicial, cuyo resultado no puede preverse, en el que está en juego la pérdida de un inmueble de propiedad del frigorífico en liquidación, por inacción por parte de los miembros del órgano liquidador, quienes están designados para liquidar los activos y cancelar los pasivos”. Agregaron además que se está “ante la posibilidad de que se produzca un perjuicio fiscal, en el caso que las acciones judiciales en curso tengan fallos desfavorables para el Frigorífico Regional Santa Elena Soceidad Anónima (en liquidación). Por ello, al momento de atribuir alguna eventual responsabilidad, debe tenerse presente que transcurrieron” varios años desde la designación de los liquidadores (lo que se concretó en febrero de 2004) “hasta la demanda por prescripción adquisitiva”, en noviembre de 2007. “En ese lapso, no han podido verificarse actividades del órgano liquidador, en defensa de ese activo, que integra su patrimonio”, acotaron finalmente.
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