Federico Malvasio
El fuero que controla los actos eleccionarios tiene deudas jurídicas desde hace más de 20 años. El registro de identificación de personas para conformar los padrones funciona sobre las bases de una norma dictada durante la dictadura. Más de 600 expedientes por delitos en torno a comicios no llegaron a condena. Sólo a dos periodistas se les otorgó una probation. En esta nota, ANALISIS da cuenta de las fallas en el control de los partidos y hasta dónde puede llegar la ley.
No en todos los países existe lo que se llama Justicia Electoral, que lleva el control de lo que acontece en torno a los partidos políticos y las elecciones. El fuero electoral es un derecho moderno que significó un adelanto en materia de transparencia para el sistema democrático. En otras naciones, donde no existe “lo electoral”, los institutos que controlan todo lo que incumbe a los actos comiciales dependen directamente del Poder Ejecutivo. Pese a todo, la Argentina tiene mucho prestigio en esto.
El Derecho Electoral, que depende del Poder Judicial de la Nación, nace en 1961. En ese año se crea la Cámara Nacional Electoral y 24 juzgados electorales. Desde entonces subyace una enorme deuda para el fuero y es que en cada distrito debería haber un juez y no un secretario. Por razones de orden político, hasta el día de hoy no han sido designados. Es así que la jueza federal, Myriam Galizzi, tiene la competencia en lo electoral.
Los primeros inconvenientes
“Si vos vas por la calle y preguntás qué hace la Justicia Electoral, te van a decir ‘bueno… trabaja en cada elección’. Esto no está mal, salvo la idea de que trabaja cada dos años, y esto no es así”, reconoce y aclara el secretario electoral por Entre Ríos, Gustavo Zonis.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
