Antonio Tardelli
Menos de lo que se merece se discute el presupuesto. Todo parece limitado a encerronas técnicas. Su contenido se confunde con una asignatura reservada para entendidos. En cualquier caso, las observaciones que afloran en la Cámara de Diputados, impulsadas fundamentalmente desde el peronismo bustista, generaron malestar en el Ministerio de Economía, desde donde se pone en duda la solvencia técnica de quienes asesoran a los legisladores críticos.
La cartera de Hacienda no disimula su fastidio por las críticas que se han lanzado contra su iniciativa. Las principales objeciones tienen que ver con los pedidos de autorización para endeudarse. El ministro Diego Valiero aclaró esta semana que no se buscará financiamiento en el sector privado. Explicó que se procura acceder a programas como los que impulsan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Responde en dos planos el titular de la cartera económica cuando se le hace notar la preocupación que ciertos diputados expresan acerca de la magnitud de la deuda. Estableciendo una relación entre el monto de los compromisos y el total del presupuesto, habla de un endeudamiento razonable.
Cuando se le remarca el origen de las críticas, afirma en cambio que en la Legislatura pululan los contadores sin conocimiento específico en materia presupuestaria. Es, en realidad, una chicana que expresa la molestia del Poder Ejecutivo.
El tire y afloje quedará saldado en pocos días, cuando las diferencias se evaporen y el oficialismo, con el aporte de incondicionales y críticos, obtenga de la Legislatura su herramienta presupuestaria. De todos modos, los juegos internos blanquean cuestiones que habitualmente permanecen ocultas por el seguidismo que practican las bancadas oficialistas –particularmente las peronistas– cuando puertas adentro todo está en orden. La utilización de los recursos de los organismos descentralizados es uno de esos aspectos controvertidos.
Para atender sus obligaciones, sobre todo en momentos de crédito restringido, el Poder Ejecutivo toma fondos de los entes descentralizados. El Estado se pide prestado y se presta. La operación abre variadas discusiones, algunas vinculadas a la legalidad de la medida y otras a sus efectos. Los críticos alegan que, empleado en forma abusiva, el mecanismo atenta contra la actividad específica de los entes. Para defenderse, el Ejecutivo apela a la biblioteca más afín y recurre a la “doctrina de la caja única”.
Las opiniones se bifurcan. Hace algún tiempo, el ex ministro de Economía Marcelo Cassaretto advirtió sobre lo riesgoso del procedimiento. Ahora el tema ha sido puesto en discusión por el diputado Eduardo Jourdán, que sin frenos inhibitorios exhibe uno de los tonos más radicalizados del antikirchnerismo y el antiurribarrismo. En un documento minucioso, plagado de números, afirma que el Poder Ejecutivo no ha diseñado un presupuesto acabado sino que en realidad sólo persigue su sanción “para ir corriendo a la Nación a pedir plata”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
