Silvio Méndez
La normativa para la habilitación y control de establecimientos gerontológico se halla en vigencia desde el 21 de noviembre de 2007, cuando fuera aprobada la Ley provincial Nº 9.823 de Instituciones y Servicios Geriátricos. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, aún no se efectivizó su reglamentación y, por ende, su aplicación. De acuerdo a un relevamiento realizado por ANÁLISIS, los borradores con las propuestas para la tipificación y sistematización para el control ya se fueron elaborados por las áreas técnicas encargadas, pero resta la evaluación final de la cúpula del Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos.
A la par, también se redactó para su consideración una propuesta para reglamentar la Ley 9.810, de noviembre de 2007. Mediante esta legislación, se modifica un articulado de la Ley provincial 4.035, que crea el “Fondo de Integración de Asistencia Social”. Así, dispone de hasta un 10 por ciento de lo recaudado en esta bolsa para la adquisición de bienes de capital (hasta uno por ciento) y la atención de “gastos de mantenimiento y funcionamiento, incluyendo prestaciones alimentarias, de hogares de adultos mayores acreditados y autorizados por el Estado provincial” (hasta el 9 por ciento). Esta legislación se evalúa como central para que las organizaciones sin fines de lucro que prestan el servicio geriátrico puedan hacer frente a los gastos que implicaría la puesta en marcha de la ley de entidades gerontológicas.
Precisamente, así como se demanda la ejecución de un marco de control, se exige la ejecución del libramiento de fondos para cumplimentar los requisitos.
En un trazo grueso, la legislación que apunta a legislar sobre los prestatarios de este tipo de actividad pretende que los mismos puedan garantizar un servicio acorde, fundamentalmente en lo que hace a personal capacitado para la atención, así como puedan contar con las condiciones edilicias específicas y adecuadas para albergar personas mayores, atendiendo las distintas condiciones para su desenvolvimiento.
Números
Según un relevamiento oficial de Salud de la provincia, existirían 35 establecimientos de servicios geriátricos distribuidos en ocho departamentos que albergan un poco más de 1.000 personas. Del total, 23 corresponderían a hogares particulares de gestión no estrictamente comercial que demandan una asistencia del Estado. Los números no son certeros, ya que no existiría un registro actualizado, y algunas investigaciones difieren en las cifras.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
