D. E.
Nadie se explica por qué siempre cubrieron hasta el extremo las espaldas del ex vicegobernador Héctor Alanis, actual funcionario provincial, aunque casi nadie se entera de su lugar en la estructura estatal. Lo cierto es que todo indica que la causa por el desvío de casi 20 millones de dólares en el Senado provincial que lideró Alanis entre 1995 y 1999 -en la segunda administración bustista-, va camino a la prescripción, más allá que, tras esta nota, siempre aparezca alguna reacción judicial y/u oficial. La realidad es contundente: desde mayo de 2009 -es decir, hace ya más de dos años-, la Fiscalía que lleva adelante el caso, a cargo de Laura Cattáneo (aunque durante un buen tiempo la subrogó Sandra de los Milagros Terreno, quien incluso fue la última que tomó declaraciones testimoniales, por esos días del 2009) no se ha pronunciado al respecto, pese a que, en tal fecha, el procurador general del STJ, Jorge García, exigió respuestas en torno al caso.
La Justicia puede dar algunos pasos adelante, tal como ocurriera recientemente con la condena a prisión efectiva del ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ-Islas), por falsificación de documentación pública para acceder a una vivienda, pero nunca se animó a avanzar en la causa Alanis, que, en realidad, sería algo así como diez veces más condenable, por la magnitud de los fondos que se desviaron. No lo hizo el ex asesor letrado del Senado, el ex juez Héctor Eduardo Toloy, ni tampoco su sucesor, Gustavo Maldonado, quien llegó a tener una particularidad a favor con respecto a cualquier otro magistrado: conocía perfectamente la denuncia presentada a fines del 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cuando asumió como juez, siguió el mismo itinerario de su ex jefe jubilado, en cuanto a mirar para otro lado o dejarla morir lentamente, tal como viene sucediendo, siempre, seguramente, con algún guiño desde el poder político. “Ahora la causa está en manos de la jueza Marina Barbagelata, que reemplazó a Maldonado al quedar como titular del juzgado, pero si la fiscal no se expide, no tiene demasiado margen para avanzar”, se indicó desde ámbitos tribunalicios.
La denuncia siempre fue clara y contundente. Según el primer escrito –al que luego se fueron anexando otros- a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados, integrando las erogaciones destinadas a la Cámara de Senadores, el entonces vicegobernador Héctor Alanis con la participación y presuntamente con la previa concertación de José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis –sobrino del ahora funcionario provincial-, "realizaron maniobras consistentes principalmente en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente", por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares, ya que se estaba aún en el valor uno a uno. Además, el ex vicegobernador y Crettón Pereyra, dispusieron "en forma arbitraria e ilegal" de más de 5.200.000 pesos, que le fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de servicios no personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, "a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto justificada". Además, tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía "establecer los importes correspondientes a cada uno".
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