Silvio Méndez
Con el nuevo esquema tarifario aprobado por el municipio a fines del mes pasado, el transporte urbano de pasajeros volvió a colocarse en el centro del debate de los ciudadanos paranaenses. La regulación y ordenamiento del sistema de colectivos sigue siendo uno de los problemas pendientes en la ciudad. El nuevo punto de inflexión en que los empresarios reclamaron una actualización de los costos del boleto volvió a repetirse en condiciones similares a las ocurridas en situaciones anteriores, donde las autoridades comunales tuvieron poco o ningún margen para negociar. Reproduciendo fórmulas pasadas, los incrementos se otorgaron en función de promesas en cuanto a la mejora en las frecuencias, incorporación de unidades y limpieza de los coches. Aspectos que podrían presentarse como básicos para una correcta prestación, se presentan como moneda de cambio para justificar la renovación de la concesión.
En rigor, una cuestión que no había sido tenido en cuenta hasta el momento del nuevo convenio, es que ya en septiembre de 2011, al final de la gestión saliente, ya se había trazado de algún modo el futuro de los términos del contrato con la Agrupación del Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP), a cargo del servicio.
Es que a través del decreto Nº 2.057, mediante el cual se aprueba la creación de un Sistema Integrado de las líneas de transporte urbano en función de un informe elaborado por una consultora privada, se prorroga la licencia por cinco años.
En su artículo 12º, la norma establece: “Renuévese la concesión para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros (…) a las empresas Transporte Mariano Moreno SRL y ERSA Urbano SA a partir del 11 de noviembre de 2011 y hasta el 11 de noviembre de 2016”.
El dato no es menor por varias razones, pero sobre todo porque circunscribe cualquier tipo de trato con quienes detentan el permiso para brindar el servicio para gestionar el transporte público a todas luces deficitario. Ahora bien, habrá que tener también en cuenta que las distintas administraciones municipales tampoco han tenido la potestad suficiente para controlar y regular los acuerdos, en base a que cada vez toma mayor cuerpo la idea que no hay un plan alternativo ante la posibilidad que la ATUP se retire.
(Más información en la edición gráfica número 973 de la revista ANALISIS del 23 de agosto de 2012)
