Juan Cruz Varela
Los sistemas judiciales se mueven, muchas veces, en medio de tensiones políticas, sigilo y momentos en que los expedientes avanzan sin trabas. Así ha ocurrido, en los últimos treinta años, con las causas por violaciones a los derechos humanos. Argentina ha sido, sin embargo, punta de lanza, primero con el juicio a las juntas militares y en la última década con la reapertura de las causas contra represores. En el resto de América Latina los procesos van un paso atrás.
De ahí el camino que han iniciado ciudadanos paraguayos, invocando el principio de justicia universal, para que los crímenes del régimen stronista sean investigados allí donde la Justicia encuentre una bocanada de oxígeno, por caso, la Argentina.
Unos días atrás, el 6 de agosto, ciudadanos paraguayos se presentaron ante el Juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide para promover una querella criminal internacional en el marco de la justicia universal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.
El escrito, al que accedió ANALISIS, se sostiene en los delitos contra la humanidad cometidos en ese período, principalmente detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilio forzado y otros crímenes como esclavitud sexual o trabajos forzados. Destaca además que la dictadura de Stroessner dejó un saldo estimado “de entre 3.000 y 4.000 víctimas fatales” y que más de un centenar de paraguayos que vivían exiliados en Argentina fueron secuestrados por fuerzas conjuntas en el marco del Plan Cóndor. Por lo tanto, se solicita al juez Oyarbide que identifique y dicte órdenes de captura internacional a los autores o partícipes de estos delitos y que se cree una comisión de expertos compuesta por historiadores y juristas que investiguen el Archivo del Terror.
La denuncia fue impulsada por el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura, la Fundación Celestina Pérez y pueblos originarios de la comunidad Aché; lleva la firma de 13 víctimas de la dictadura y está patrocinada por el abogado platense Juan Adolfo Maida; el experto español Aitor Martínez Jiménez; y el asesor jurídico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, Juan Rivarola Cáceres.
(Más información en la edición gráfica número 991 de ANALISIS del 29 de agosto de 2013)
