Juan Cruz Varela
A partir del 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas asumieron el poder en la Argentina y adoptaron una serie de medidas destinadas a eliminar las instituciones democráticas e instituir mecanismos sistemáticos de represión.
Aunque hubo características particulares en cada jurisdicción, la represión adoptó mecanismos comunes que implicaron la suspensión de derechos y garantías judiciales, a la vez que las fuerzas armadas en el poder construyeron un poderoso aparato clandestino para la violación sistemática y masiva de los derechos humanos.
Los militares generalizaron la trágica secuencia secuestro-tortura-asesinato-desaparición. En Paraná, como en casi todo el país, en un tiempo no muy lejano, hubo detenidos que fueron alojados en condiciones deplorables en los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército, a diez, tal vez quince minutos de la Plaza 1° de Mayo. Permanecían con sus ojos vendados, encapuchados, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, privados de toda higiene y sin posibilidades de concurrir al baño más que una vez al día.
Desde allí eran trasladados a otros lugares que operaron también como centros de interrogatorios y torturas, ubicados dentro de los mismos cuarteles del Ejército, en dependencias de la unidad penal, en inmuebles precarios situados en cercanías de la Base Aérea, en el predio del Programa Municipal Pro-Huerta, en la Comisaría de El Brete, en la antigua Escuela Balbarrey o en la Escuela Álvarez Condarco.
En todos los casos, los familiares desconocían totalmente el paradero, estado de salud y demás condiciones de los detenidos, sumado a la negativa constante de las autoridades militares a brindar cualquier tipo de información sobre ellos.
Las características edilicias y las condiciones de vida cotidiana revelan que los centros clandestinos de detención fueron concebidos no sólo para la privación de libertad de las personas, sino como una siniestra modalidad de cautiverio donde el objetivo era someter a las víctimas al despojo de todo rasgo de humanidad.
La existencia de estos sitios de detención ilegal de disidentes políticos fue denunciada ya en 1977 por Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar: “Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”, denunciaba el periodista asesinado el mismo día en que hizo pública la carta, el 24 de marzo de 1977.
Por un lado, la dictadura colmaba las cárceles de detenidos políticos; pero esa estructura de aparente legalidad estaba íntimamente relacionada con la otra, ilegal, donde miles de desaparecidos eran salvajemente torturados sin ningún tipo de protección.
Así, por ejemplo, hubo quienes permanecieron durante largos períodos en centros clandestinos antes de ser oficializada su detención con el traslado a las unidades penales; pero también a la inversa, muchos detenidos fueron arrancados de las cárceles y trasladados a los centros de interrogatorios, donde eran torturados durante días o semanas antes de ser reintegrados a las unidades penitenciarias.
Esto pasó en Paraná, en un tiempo no muy lejano, a diez, tal vez quince minutos de la Plaza 1° de Mayo.
(Mas información en la edición gráfica de ANALISIS del 26 de marzo de 2015)
