Antonio Tardelli
Alentado desde Entre Ríos, un diputado del peronismo renovador presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de declaración: allí se expresa la preocupación que genera el estado del Poder Judicial en la provincia. De acuerdo con el texto, el esquema de remuneraciones y el clima de impunidad merecen la atención de la política nacional.
El proyecto fue motorizado por el legislador Horacio Alonso, dirigente del gremio de los judiciales. En sus fundamentos se citan las declaraciones públicas formuladas a su turno por el ex senador Héctor Maya, el ex secretario de Justicia, Rubén Virué; el ex intendente de Paraná, José Carlos Halle; y el presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados, Rubén Pagliotto.
Hay una referencia expresa a los gastos reservados que, de acuerdo con lo publicado por ANÁLISIS en su momento, perciben los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Y se menciona, concretamente, “un pacto de impunidad” que se habría sellado “entre los poderes político y judicial”, según se indica. Concretamente se habla de las remuneraciones del procurador fiscal, Jorge García, y de los vocales del Superior.
García es, de hecho, uno de los blancos preferidos del escrito. El proyecto de Alonso afirma que el funcionario “no ha manifestado actividad investigativa alguna respecto del destino de tales gastos reservados”. Se indica que, de acuerdo con jurisprudencia elaborada por el propio García, todo gasto reservado que no se rinda adecuadamente “constituye enriquecimiento ilícito”.
Tras puntualizar que existe “una crisis valorativa” acerca del funcionamiento del Poder Judicial, la iniciativa presentada en el Parlamento exhorta a “corregir tales deformaciones”.
(Más información en la edición gráfica número 1040 de ANALISIS del 2 de junio de 2016)
