Jorge Riani
Todos los años se repiten más o menos del mismo modo. No importa cómo se llamen el presidente, el gobernador, los ministros. Tampoco cambia la situación con el nombre de quienes ocupan los cargos en los sindicatos. Cada mes de marzo el gobierno dirá que no hay plata y los gremios que sí. El gobierno dirá que tomen lo que se ofrece y los gremios dirán que hay recursos para todo menos para la educación. Los gobiernos y sus escribas apelarán al derecho a la educación, a que “los chicos no pueden perder un día de clase” y desde los gremios se contestará con el deterioro del salario y que “con la lucha también se enseña”.
Los que hicieron campaña apoyando los reclamos docentes cambiarán sus discursos. Oficialismo dirá una cosa y oposición otra, donde los sujetos cambiarán discursos si cambia el signo político al frente del gobierno. Lo cierto es que los gobernantes, a los que les fascina hablar de “política de estado” respetarán la única “política de Estado” que se viene sosteniendo desde los aciagos años de la dictadura militar, profundizadas en los años del peronismo-menemismo: la resignación estatal por la educación pública.
Esto no es una expresión simplemente. Es la materialización de una política que consistió en desentenderse del rol estatal en materia educativa y que se expresó con la transferencia del servicio de educación desde el Estado nacional hacia las provincias.
Ese proceso comenzó en 1978, continuó en 1980 y se produjo plenamente en 1993. Desde entonces, quienes gobernaron no se atrevieron a cambiar ese aspecto de la política estatal. Si que eso cambie, la única discusión posible en materia de salarios e inversión educativa es la de la cuenta de porotos. Tengo diez porotos, reparto cuatro o cinco. No, no alcanza. Necesitamos dos más. Bueno, les damos uno. Y todo eso aderezado con discursos que apelan a los derechos: derecho a la educación, derecho al salario digno, derecho de ir a clase, derecho de huelga.
Lo cierto es que lo que hicieron los gobiernos de Jorge Rafael Videla y Carlos Saúl Menem nunca fue revertido por ningún otro dictador o presidente democrático.
Con la llegada de Raúl Alfonsín no se revirtió el alcance de la “ley” de transferencia de la dictadura.
Con el arribo del peronista neoliberal Menem la transferencia se profundiza, de modo que no sólo respeta lo dictado por dictadores, sino que la acentúa el gobierno del riojano.
(Más información en la edición gráfica número 1056 de la revista ANALISIS del día miércoles 12 de abril de 2017)
