Por Juan Cruz Butvilofsky
Durante este 2017 se metió en la agenda pública la discusión sobre el uso medicinal del cannabis –marihuana- y este debate llegó al Congreso de la Nación de la mano de un proyecto, que se convirtió en ley, de la diputada nacional –y flamante designada secretaria de Cultura y Turismo de la provincia- Carolina Gaillard. La legisladora tomó el proyecto y se basó en distintas organizaciones que venían sosteniendo la lucha desde hace un tiempo en busca de mejorar la calidad de vida propia y de familiares cercanos. Con diferencias en las posturas, todas las organizaciones coinciden en que el uso medicinal del cannabis mejora las condiciones de vida de pacientes y ofrece respuestas que la industria farmacológica no ha logrado –o no ha querido- brindar.
La Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados fue sancionada por el Congreso en marzo de este año. Son 14 artículos que se convirtieron en normativa para que el Estado investigue los beneficios de la planta para su uso medicinal y creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. El Estado, a partir de esta ley, no sólo dio directivas al Conicet para que investigue los beneficios en materia de salud, sino que también incluye la intervención del INTA a la hora del desarrollo y la producción que permita el acceso de los pacientes que se acogen a dicho programa.
Recién en septiembre el gobierno nacional reglamentó la ley, luego de varios meses de reclamos por los sectores que demandan la medicina. Sin embargo, no lo hizo sobre la totalidad de los artículos sino sólo sobre ocho de los 14 que componen la ley. En la reglamentación se consignó que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Seguridad se encargará del control, ya que se trata de una droga que hasta el momento es ilegal para su consumo ocioso.
Sin embargo, esto que pareció ser una esperanza para las familias que en nuestra provincia recurrieron al cannabis para solucionar problemas de salud, está trunco. El gobierno de Entre Ríos no ha adherido a la norma que impulsó una diputada de esta provincia. Hay un proyecto de adhesión a la ley nacional, presentado por la diputada provincial Miriam Lambert (PJ) que comenzó a discutirse en comisiones de la Legislatura provincial. De hecho, es posible que en los próximos días se vuelva a abordar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia para luego llegar al recinto y poder votarse la adhesión a la norma nacional.
A ese proyecto de Lambert, la diputada Mariela Tassistro (Unión Popular) pretende agregarle un artículo transitorio que solucione el problema en lo inmediato “hasta que se avance con la total aplicación de la ley nacional”. La ideaTassistro es que sean el IOSPER y el Estado entrerriano quienes se hagan cargo del acceso al aceite de cannabis para que los pacientes entrerrianos que lo necesitan no deban esperar hasta que la ley nacional cumpla con sus objetivos.
(Más información en la edición gráfica número 1070 de la revista ANALISIS del 9 de noviembre de 2017)
