Antonio Tardelli
El nivel de corrupción de la política nacional convierte en cómplice del sistema a quienes, frente al problema enquistado en la fuerza propia, se refugian en salidas descomprometidas. Esa clase de dirigente pretende aliviar su responsabilidad con una posición típica: “Nosotros no avalamos ningún hecho de corrupción”. O: “Que la Justicia resuelva lo que tenga que resolver”. Por lo general, los escapes de este tipo van acompañados de una apelación al principio de inocencia, garantía insoslayable del Estado de Derecho, que sin embargo desconoce su necesario complemento: la inversión de la carga de la prueba que pesa (en el plano ético antes que nada) sobre todo funcionario público acusado de haber cometido irregularidades. Pronunciarse en estos términos comporta, por lo menos, algo de cobardía ciudadana.
Según ciertas encuestas, la política nacional se aproxima a un fenómeno que, aún cuando registra antecedentes similares, no deja de sorprender: puede ascender nuevamente a la Presidencia de la República alguien (Cristina Fernández de Kirchner) que, de no estar protegida por el instituto de los fueros parlamentarios, amanecería hoy en prisión como algunos de quienes fueron sus colaboradores inmediatos durante sus pasadas gestiones. A los problemas del funcionamiento institucional, el sistema político añade las miserias de sus aparatos partidarios. Importa menos una inconducta personal, que en todo caso podría ser una manifestación aislada de deshonestidad, que el carácter sistémico de un fenómeno, la corrupción abierta, que cuenta como aliado necesario a un ejército de soldados obsecuentes, amorales, cobardes o ingenuos. Cualquiera sea la variante, ese perfil indolente que predomina en la escena dista de ser el de un dirigente merecedor de la representación que luego le implorará al ciudadano.
(Más información en la edición gráfica número 1096 de la revista ANALISIS del jueves 16 de mayo de 2019)
