Mientras los privados aseguran que hay casi 160 carpetas con edificios y viviendas atrapadas en la burocracia y no logran la factibilidad de un Estado indolente, el Ejecutivo los acusa de buscar excepciones y hacen lobby por intereses sectoriales.
Gustavo Sánchez Romero
“No te pido que atajes las que vayan dentro, pero por lo menos no metas las que vayan fuera…”. Atribuyen esta frase al crack argentino Alfredo Di Stefano, que brilló en España a mediados del siglo XX, y se la habría dicho al arquero del Valencia, equipo al que entrenaba.
Algunas décadas después, en un lejano arrabal del sinsentido, bien podría establecerse un parangón y decir: “No les pedimos que establezcan estrategias amigables para atraer nuevos inversores; pero por lo menos no espanten a los que ya decidieron hacerlo”.
Esta introducción es, por supuesto, una trasnochada ironía.
Sin embargo, la crudeza del ejemplo no se encuentra muy lejos de una inexplicable realidad que esta semana quedó desnuda y terminó explotando en un áspero cruce dialéctico entre empresarios, dirigentes y profesionales vinculados a la construcción que apuntaron a la burocracia que impide la inversión, empleo y desarrollo por unos 60 millones de dólares. La Comuna de Paraná, por su parte, respondió dando otra versión de los hechos con argumentos ubicados en los avances logrados, y de este modo se configuró un intríngulis rimbombante. Todo esto sin atender a que Paraná hoy sobresale por la pobreza, el atraso y la desinversión, variables que gobiernan desde hace décadas la capital de Entre Ríos.
Antecedentes
Poniendo los hechos en relieve, se debería recordar que en diciembre se denunció un hecho que viene atravesando visceralmente las últimas gestiones que poco se preocuparon por resolver la angustiosa dilación que abraza a los proyectos de inversión de obra privada que en algunos casos supera los 20 meses sólo para otorgar la factibilidad.
Los actores que forman parte de la extensa cadena de la construcción (unos 200 rubros que incluye a ladrilleros, areneros, corralones, electricistas, plomeros, albañiles, constructores, ingenieros, arquitectos, diseñadores, paisajistas, serenos, cuidadores, fábricas… etc) aseguran que existían 159 carpetas que esperaban la aprobación de factibilidad de parte de la Municipalidad por un valor de unos 60 millones de dólares.
(Más información en la edición gráfica número 1119 de la revista ANALISIS del jueves 8 de abril de 2021)
