En el Instituto Nuestra Señora de la Merced, en La Paz, pusieron a los derechos humanos en pausa. La decisión de las autoridades parece ser tajante y sostenida. Se trata de una determinación deliberada, que llevó a toda la comunidad del colegio a no conmemorar el 24 de Marzo, Día nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Menos aún, en el colegio no realizan actividades sobre derechos humanos durante una semana, tal como prevé el calendario escolar. En este informe, cómo una institución avocada a la educación elije guardar silencio y borrar la memoria.
Natalia Buiatti
Toda decisión institucional está sostenida por una red de voluntades, aunque no todas las voluntades tienen el mismo peso y poder. Y, en el Instituto Nuestra Señora de la Merced, en La Paz, hay un talante personal que viene siendo incuestionado: la preferencia de Oscar “Tito” Borghello, el asesor legal.
Borghello es una persona que los 24 de Marzo, en su muro personal de Facebook, realiza publicaciones promoviendo la “teoría de los dos demonios”. Ese intento postdictadura de instalar en la opinión pública que, los actos violentos de organizaciones guerrilleras fueron equiparables al terrorismo de Estado.
“Hola, qué tal. Mi nombre es Nicolás Márquez. Nos estamos acercando al 24 de marzo, fecha convertida por la partidocracia y la demagogia en un insólito feriado turístico. ¿Y saben qué van a decir, enseñar y promover? Lo que hacen siempre: van a decir que el 24 de marzo del 76, a espaldas del pueblo, un grupo de militares feos y malos tomaron el poder para implementar un sistema económico de entreguismo y acabar con una generación de 30 mil desaparecidos en el marco de un genocidio. Esto es lo que vamos a escuchar. Pero todo eso es mentira”. De ese modo inicia uno de las tantas piezas que dan vueltas por redes sociales, y que son replicadas por algunas personas. Borghello es una de ellas.
No se trata de atacar la libertad de pensamiento y expresión de los sujetos. Hay una línea delgada cuando la opinión personal tiene consecuencias en el marco de una función pública. Y ser asesor legal de un colegio, aunque de gestión privada, implica estar al servicio de la educación pública.
Vale recordar como ejemplo el caso de la fiscal auxiliar de Federal, Eugenia Molina, que en 2017 fue denunciada ante el Superior Tribunal de Justicia por las publicaciones xenófobas en Facebook. Su pliego para rendir como jueza fue impugnado varias veces en la Legislatura; recibió una condena del Instituto Nacional contra el Racismo y la Xenofonia (Inadi); y desde la Procuración General se le aplicó una sanción.
(Más información en la edición gráfica número 1120 de la revista ANALISIS del jueves 6 de mayo de 2021)
