La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná ingresó el año pasado una nota a la Municipalidad donde solicitó acceso a la información pública sobre las torres de conexión de telefonía móvil. El pedido fue ante la inquietud por la “creciente contaminación electromagnética” en la ciudad y “la proliferación” de estas estructuras. En el requerimiento apuntaba a contar con un mapeo con la ubicación de las antenas y la constancia de pagos por las Tasas que estipula la legislación que regula la actividad. El Municipio finalmente respondió la interpelación con datos por demás llamativos: no cuenta con un registro y distribución de dónde están instalados estos dispositivos, así como tampoco percibe canon alguno. En la documental a la que accedió ANÁLISIS apunta que no lleva un conteo y tampoco percibe beneficios porque no fueron incluidos en la Ordenanza Tributaria vigente.

Por Silvio Méndez

A través de un pedido de acceso a la información pública ambiental, la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná elevó hace casi un año, un pedido al presidente municipal de la capital entrerriana, Adán Bahl, solicitando datos que pudieron dar cuenta del estado de situación de la red de antenas de celulares en la ciudad. Según expresaron, el requerimiento fue motorizado al estar “muy preocupados por la creciente contaminación electromagnética en nuestra ciudad y la proliferación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones”, señalaron en la nota.

El pedido al intendente de Paraná fue presentado formalmente el miércoles 10 de agosto pasado, y fue acompañado por numerosas firmas de vecinos. La instancia se dio luego de un primer encuentro con la entonces reciente subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Silvina Saavedra, a quien se le planteó la cuestión al poco de asumir en el cargo tras la renuncia de Facundo Varrone en julio de 2022. Las dudas planteadas ante las autoridades radicaban en las fuertes sospechas respecto a que desde hace un largo tiempo la instalación de estos soportes y sistemas de comunicación se han ido realizando por fuera de los requerimientos técnicos y las normativas vigentes, y sin control oficial alguno. Es por eso que con la requisitoria se apuntó a recabar información y despejar -o no-, las dudas existentes.

Es así que la petición al intendente Bahl, y por su intermedio a las áreas correspondientes, apuntaba a obtener acceso a la información pública ambiental, en virtud de lo garantizado por la Constitución Nacional y demás leyes vigentes. Concretamente, se indicó en aquella misiva, los vecinos solicitaron se “brinde información completa, veraz, adecuada y oportuna, respecto de:

1) La nómina, localización (dirección, calle y número), identificación de la empresa prestadora de los servicios de telecomunicación y fecha de habilitación de las Estructuras Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras relacionadas, habilitadas según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 9529/16.

2) Constancia de pago de la Tasas establecidas en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 9529/16, por cada Estructura Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras relacionadas, habilitadas según lo establecido en esta ordenanza.

3) La nómina, localización (Dirección, calle y número), identificación de la empresa prestadora de los servicios de telecomunicación y fecha de habilitación de compartición de infraestructura en las Estructuras Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras relacionadas, habilitadas según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 9529/16.

4) La nómina, localización (dirección, calle y número), identificación de la empresa prestadora de los servicios de telecomunicación y fecha de solicitud de aquellas que hayan solicitado renovación de habilitación de las Estructuras Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras relacionadas, habilitadas según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 9529.

5) Todos los informes y mediciones presentados por cada empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones, para cada infraestructura registrada, según lo requerido en el artículo 7° de la Ordenanza Municipal Nº 9529.”

Se aludió en el pedido a las garantías constitucionales de “derecho de acceso a la información pública ambiental”, así como las leyes provinciales y ordenanza municipal Nº 9551/17 sobre el acceso a la información pública. Al mismo tiempo se advirtió que “de configurar la información recibida una violación a la normativa de protección del ambiente, formulamos también reserva de ocurrir ante la Justicia en procura de una protección del derecho vulnerado”, finalizó.

Sin registro ni cobro

Luego de ingresado el expediente impulsado por la Asamblea Ciudadana Vecinalista, comenzó a girar por las dependencias municipales a cargo de responder los distintos aspectos de los puntos solicitados. En la Subsecretaría de Fiscalización Urbana, de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial, se indicó que “en referencia a los puntos 1, 3 y 4” en esa repartición “no se lleva un registro de las empresas prestadoras de servicios”, y se excusa que se trata de “una de las facultades reservadas por la ley provincial Nº 10.383, artículo 9º", señala el escrito conocido por ANÁLISIS.

(Más información en la edición gráfica número 1141 del jueves 15 de junio de 2023)