Dos funcionarios urribarristas dedicados a la informática y confirmados por Gustavo Bordet en su estructura de gobierno en ambos mandatos, fueron acusados de espías por la justicia de Capital Federal y provocó un tembladeral en el oficialismo entrerriano. Alexis Lesa y Pablo Palá aparecieron vinculados a la exSIDE, en el marco de la investigación por el crimen del exfiscal Alberto Nissman. Lesa fue suspendido por el gobernador el martes último. Ambos tienen estrechas vinculaciones con el Grupo Octógono de Paraná, cuyos integrantes crecieron a raíz de contratos millonarios con el Estado entrerriano en las gestiones de Urribarri y Bordet. Tienen acceso a las bases de datos más sensibles y ramificaciones en incontables áreas del Estado y municipios de la provincia, según pudo confirmar ANÁLISIS.

 Daniel Enz

 La gran mayoría de los medios periodísticos entrerrianos ignoraron la información, pese a que fueron títulos destacados en Clarín e Infobae, durante varios días. Los funcionarios paranaenses Alexis Lesa y Pablo Palá fueron procesados por tareas de espionaje, en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini y ese procesamiento fue confirmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenaron profundizar la investigación contra los entrerrianos. La denuncia que originó la investigación es más amplia y fue presentada en 2015 por Patricia Bullrich, hoy candidata presidencial, y por la diputada Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción.

Ambas aseguraron que más de un centenar de periodistas, políticos y funcionarios judiciales eran espiados ilegalmente a través de las denominadas OB (órdenes de observación) de la AFI (la exSIDE) que entonces era liderada por el actual senador kirchnerista Oscar Parrilli. Bullrich y Alonso entregaron una lista de personas presuntamente espiadas que incluía a miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios y políticos.

En ese expediente, el exagente de inteligencia de la exSIDE, Antonio Stiuso, se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron, sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Nisman.

En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la exesposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo “se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos”.

Ambos funcionarios entrerrianos siempre fueron cultores del bajo perfil, pese a que tienen numerosos contratos con el Estado provincial desde el último gobierno de Jorge Busti, aunque siempre ligados al urribarrismo. De hecho, llegaron a Busti de la mano del equipo de campaña del entonces ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, en julio de 2006, donde se encontraban Facundo Cabrera -fundador del grupo Octógono-, Sergio Gómez e Ignacio Labarba. Por el decreto 4078, Pablo Federico Palá formalizó un primer contrato con Busti y Urribarri para la realización de contenidos en la web oficial del gobierno entrerriano. Poco después hubo otro contrato, el número 9413 del 28 de diciembre de 2006, donde se le hizo un contrato a Alexis Lesa -el otro imputado en Buenos Aires-, pero esta vez firmado por Busti y su exministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, actual intendente de Paraná y candidato a gobernador del oficialismo. No obstante, quien lo contrató fue el entonces subsecretario de la Juventud, Gonzalo García Garro, uno de los integrantes del tribunal que dispuso la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche el año pasado.

Con Urribarri gobernador, los integrantes de Octógono pasaron a ser del grupo de tareas del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri y de su padre. Y crecieron económicamente con el aval de ambos. De hecho, hay que recordar que desde el 2008 comenzó a funcionar el sistema de los contratos truchos legislativos, donde el rol de Juan Pablo Aguilera y Mauro Urribarri fue determinante en cuanto a la logística que aportaron para su desarrollo. Y los personajes de Octógono ya estaban desplegando sus tentáculos por los diferentes organismos estatales, para ir recaudando dinero público que se le iba esquilando a contratados que solamente aportaban su nombre y DNI, pero que nunca pisaron la Legislatura.

Cuando se conoció la información por Clarín de las tareas de espionaje que realizaban, a varios los sorprendió la acusación, pero en el urribarrismo se entendió enseguida que en “algún momento” iban a caer. No pocos conocían de esos movimientos, pero siempre lo mantuvieron bajo siete llaves y fue más fácil para los operadores mediáticos del urribarrismo acusar a otros, cuando los espías estaban a sus alrededores y con una base operativa siempre importante. Lo cierto es que Alexis Lesa y Pablo Palá -cercanos al denominado grupo Octógono de Paraná- están acusados por espionaje y tareas de inteligencia ilegales nada menos que sobre el exdirector de Contrainteligencia Stiuso y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Y entre los investigadores que llevan adelante la causa en Capital Federal no se descarta que aparezcan nuevos nombres de Paraná, realizando tareas de ese tipo. “No son los únicos que hacían y hacen espionaje en la capital entrerriana o desde lugares de Entre Ríos, vinculados a este grupo. Son varios más y están sobre sus pasos. Es cuestión de tiempo solamente”, indicó una fuente judicial de Buenos Aires.

El grupo en cuestión

El denominado Grupo Octógono nació como sociedad de responsabilidad limitada en agosto de 2009, un año y medio después de la asunción de Sergio Urribarri como gobernador de Entre Ríos. Sus fundadores son Facundo Cabrera, cara visible y responsable del vínculo con los sectores público y privado, junto a tres especialistas: Bárbara Legascue (comunicación) y los procesados Lesa (informática) y Palá (sistemas). Legascue es sobrina del exagente de la SIDE, Juan Carlos Legascue (ver aparte) e hija de Jorge Legascue, exabogado defensor del ya fallecido exgobernador Enrique Tomás Cresto, cuando cayó preso por el golpe de Estado de 1976. El hermano de Bárbara Legascue es Luciano Legascue, abogado defensor de los imputados en esta causa de espionaje a Stiuso y la exesposa de Nisman.

El nombre del grupo deriva de que sus primeras oficinas se instalaron en el quinto piso del emblemático edificio Octógono, ubicado frente a Casa de Gobierno sobre calle Santa Fe, en el que alguna vez estuvo la vieja FM Paraná y donde, desde fines de los ’80, entre otros, se encuentra el estudio de Julio Federik y asociados. Es decir, el único abogado entrerriano que participó de la investigación por el atentado a la AMIA, que era lo que también investigaba el fiscal Nisman. Desde allí, el grupo creció y se hizo conocido especialmente por el desarrollo de páginas web de medios de comunicación y organismos del Estado. En un corto lapso, crearon otras empresas (Advertis y Siglo Cero) y abrieron nuevas sedes. Primero en una casa de alto en la esquina de Urquiza y Gran Chaco, desde donde se sospecha que también salió un “troyano” encontrado en el celular de Nisman. Y después en el sexto piso del edificio del Consejo Provincial de Ciencias Económicas, en calle Perú 81, y en los departamentos de la esquina de Buenos Aires y Garay, frente al Colegio Nacional.

Con esa estructura manejan o manejaron, entre otros, los sistemas y sitios web de: la Municipalidad de Paraná, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Juventud, el portal de trámites ciudadanos del municipio, el sistema para sacar turno para el carnet de conducir, el portal Aprender del Consejo General de Educación, la web de la Facultad de Humanidades de la Uader (estrechamente ligada al urribarrismo) y la plataforma de los recibos digitales de los empleados estatales, entre muchos otros sistemas. En el sector privado, entre sus clientes figuran Radio La Voz, el Once Digital, Clasionce, El Diario, Página Política, Página Judicial, entre otros. También tienen a su nombre el dominio web del Partido Justicialista de Entre Ríos y aparecen cobrando importantes honorarios por tareas diversas en las rendiciones de cuentas de las campañas proselitistas del PJ. A la par, integran el registro de pauta publicitaria de la Secretaría de Comunicación de la provincia en las categorías páginas web y agencias de publicidad.

Cabrera y Legascue acompañaron al hijo del exgobernador en su gestión como ministro de Gobierno, cuando Gustavo Bordet lo designó en ese lugar en diciembre de 2015, como parte del pacto político con el exgobernador Urribarri. Se ocuparon de coordinar las tareas de comunicación de la cartera y de llevar adelante la prensa del entonces alto funcionario. De hecho, en el 2012 un grupo  importante de funcionarios acompañaron a Mauro Urribarri a Estados Unidos, a un congreso sobre elecciones en dicho país. El hijo del exmandatario viajó junto a su tío directo Juan Pablo Aguilera, Facundo Cabrera, Emiliano Giacopuzzi (socio de Aguilera), Sergio Fabián Gómez (asesor comunicacional de Urribarri y actualmente junto a Adán Bahl), Bárbara Legascue, Guillermo Smaldone y Sebastián Lorenzo (exfuncionario cercano al exministro Pedro Angel Baez).

Al mismo tiempo, asistieron en materia de comunicación al exmandatario en su rol como presidente de la Cámara de Diputados, entre 2015 y 2019. Manejaron un abultado presupuesto en concepto de pauta publicitaria y se esforzaron por intentar blindar la figura de Urribarri, ya acechado por las causas judiciales, más que por dar difusión a la labor legislativa. Pero a la vez estuvieron contratados por el Poder Judicial (para el Tribunal Electoral, entre 2019 y 2021) y por el municipio de Paraná, en tiempos de Blanca Osuna y Sergio Varisco. Por los servicios prestados, antes de dejar el cargo, Urribarri los nombró a ambos en altos cargos en la cámara baja: a Cabrera como director de Comunicación Institucional, tal como figura en su perfil de Facebook, y a Legascue subdirectora del área. Los sueldos de esos puestos superan el millón de pesos. A través de allegados, los Octógono también tienen injerencia en otros organismos del Estado. Por ejemplo, el hermano de Facundo Cabrera, Lucio, es jefe de prensa y comunicación de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. O sea, otro organismo donde se maneja información sensible.

Al término de la gestión de Urribarri como presidente de la Cámara de Diputados, el vínculo continuó. Cabrera y Legascue siguen asistiendo al exgobernador en servicios de comunicación vinculados a su situación judicial. Lo hacen desde la oficina ubicada en la esquina de Buenos Aires y Garay donde también tienen escritorio los procesados Palá y Lesa. En el quincho del último piso el exgobernador suele comer asado con periodistas, políticos y con sus abogados, con los miembros de Grupo Octógono como anfitriones.

A Lesa, por su parte, le tocó un cargo acorde a su experiencia: desde diciembre de 2019 conduce la Dirección General de Informática de la provincia, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación. No obstante, aunque no se conoció comunicación oficial alguna, el martes a la tarde Bordet decidió suspenderlo en el cargo hasta tanto haya una definición de su situación procesal, según fue confirmado a ANALISIS por fuentes de la Gobernación. Su antecesor en el puesto, Carlos Haidar, también terminó mal: está imputado junto a Urribarri en una causa por presuntas coimas en procesos de contrataciones entre el Estado y la firma del empresario paraguayo Diego Cardona. En esa causa judicial también está imputado el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien en su paso por el Tribunal de Cuentas propició la contratación del restante miembro del Grupo Octógono: Pablo Palá quedó a cargo de los sistemas informáticos del organismo, donde también circula información delicada. Con la llegada del exdiputado provincial urribarrista Diego Lara al TdC, Palá fue ratificado y continúa cumpliendo funciones, pese a su procesamiento por espionaje y tareas de inteligencia ilegales. Hasta el cierre de esta edición, no se conoció ninguna información que indicara que Palá seguiría el mismo camino de su amigo Alexis Lesa.

Previo al ejercicio de esos cargos, los cuatro fundadores de Grupo Octógono habían tenido un paso por los Tribunales. Fue cuando los citaron a declarar en la causa por los contratos truchos de la Legislatura en su carácter de beneficiarios de importantes contratos en ambas cámaras. O sea que cobraban en dos y tres lugares a la vez. Lesa y Palá declararon ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri el 25 de febrero de 2019, en la causa contratos. O sea, cinco meses después de conocerse el desvío de fondos públicos de la Legislatura, entre 2008 y 2018. Y desde esos tiempos, tienen una vida de millonarios: pese a ser funcionarios públicos, tienen días suficientes de vacaciones en el Estado para viajar al exterior todo el tiempo y mostrarse en las redes sociales como si fueran renombrados influencers de estos días.

Movimientos sin culpas

Días atrás, en su rol de director de Informática de la provincia, Lesa fue fotografiado junto a Bordet en la inauguración del nuevo Data Center del Estado provincial. "Tener este Data Center, con tecnología de punta, pone a Entre Ríos en lo más avanzando que hay en el país. Aquí se alberga y resguarda todo el circuito informativo de la provincia”, explicó el mandatario en el acto oficial llevado a cabo en el edificio de Ramírez y Carbó en Paraná.

Con el procesado Lesa al lado, Bordet celebró que estuvieran a resguardo los expedientes electrónicos, las recetas médicas digitales, la información de registros civiles, de hospitales, de fuerzas de seguridad, de jubilaciones y los datos financieros del Estado, entre otros. Seguramente no pensarán lo mismo los jueces y fiscales porteños que los vienen investigando por espías. Incluso, no se descarta que puedan ser agentes inorgánicos de la AFI, con contratos específicos por tareas realizadas.

Palá, en tanto, se mostró en una reunión oficial con el presidente del TdC y la secretaria de Modernización de la provincia, Lucrecia Escandón, también designada en tiempos de Mauro Urribarri ministro, cuando la repartición dependía de la cartera política. En el encuentro publicitado en medios y redes se analizó la incorporación al sistema de expedientes electrónicos de la documentación vinculada a las actuaciones administrativas de pagos del gobierno provincial.

La noticia del procesamiento confirmado por espionaje y tareas de inteligencia ilegal paralizó al poder político. En Casa de Gobierno demoraron casi una semana para adoptar alguna medida sobre el director de Informática de la provincia, pero nunca hubo una palabra oficial, para dar una explicación a la grave situación institucional que también tiene algo de papelón. Desde la oposición, hasta ahora solo alzó la voz el diputado provincial Esteban Vitor (JxC) quien pidió la renuncia inmediata de ambos funcionarios. “Más allá de la responsabilidad que la justicia deberá determinar, el tema es de una gravedad institucional tremenda. Es muy grave porque ser director de Informática de la provincia permite tener acceso a todos los datos del Estado. Están los dos en lugares clave”, marcó el legislador.

“De este Grupo Octógono había una fuerte sospecha de que en la época de Urribarri se hacía inteligencia sobre opositores e incluso sobre funcionarios del gobierno. Recuerdo cuando se debía elegir al último presidente de la Cámara de Diputados, este grupo estaba muy activo y tengo entendido que hicieron llegar alguna información de cuestiones privadas del senador nacional (Edgardo) Kueider, lo cual es de una gravedad absoluta”, recordó Vitor, al recordar un episodio que terminó en denuncia ante la justicia del entonces funcionario de Bordet (ver aparte).

“El gobernador no debería perder un minuto y pedirles la renuncia. Es gravísimo. Después se investigará si esta gente es personal encubierto de la AFI, si ha hecho estas cosas que se les imputan y que vienen generando ruido desde hace tiempo, porque en la causa de los contratos truchos de la Legislatura también están mencionadas estas personas y otras más de este Grupo Octógono”, añadió.

Desde su formación, el vínculo del Grupo Octógono con el peronismo en el poder no paró de fortalecerse. Fueron años de jugosas contrataciones con el Estado que redundaron en un importante crecimiento. Luego vinieron las implicancias políticas, los negocios, las operaciones y las devoluciones de favores con designaciones en lugares estratégicos. El camino recorrido hace acordar a la tristemente célebre Cinco Tipos, dedicada al diseño y comandada por Juan Pablo Aguilera. Un proyecto entre amigos, jóvenes, creativos, emprendedores, que terminó de la peor manera, con duras condenas judiciales. Grupo Octógono ya pasó por los Tribunales provinciales y ahora sus miembros cargan con un procesamiento que fue confirmado por una Cámara Federal y quedaron vinculados nada menos que con la muerte de Nisman, por delitos que tienen penas de hasta 10 años de prisión. Aunque nadie del oficialismo (y de buena parte del periodismo entrerriano), quiera hablar de un tema tan preocupante.

De calle Urquiza al celular de Nisman 

El sábado último se publicó en Clarín una información confirmada por fuentes judiciales que complicaría aún más la situación de los funcionarios entrerrianos del Grupo Octógono: del mismo dispositivo cuya pertenencia se les adjudica, presuntamente usado para espiar a Stiuso y Arroyo Salgado, habría salido el “troyano” que fue encontrado en el celular de Nisman después de su muerte. Luego de que el cadáver de Nisman fuera hallado en su departamento de Puerto Madero -el 18 de enero de 2015-, los peritos encontraron en su teléfono un programa de los denominados “troyano” que le había llegado al fiscal a través de un mail enviado a su casilla de Yahoo! El archivo se llamaba ‘estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar’ y consistía en una especie de virus que permite a quien lo envía acceder a todos los archivos de quien lo recibe, aunque en este caso no se activó.

“Los investigadores siguieron la pista del archivo y llegaron a una dirección de IP ubicada en Paraná. La IP registrada era 190.210.180.181”, se indicó en el medio porteño y se recordó que en los comienzos de la investigación la fiscal Viviana Fein le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini allanar el lugar al que llevaba la dirección de IP -en la calle Urquiza al 1700 de Paraná- y ésta rechazó la solicitud.

“Palmaghini sólo aceptó que dos agentes de la Policía Metropolitana viajaran a Entre Ríos para observar los movimientos en el lugar durante una semana. Allí ya habían surgido los nombres de Palá y Lesa y sus vinculaciones con el Gobierno de Entre Ríos, pero la averiguación no pasó de ahí”, se añadió.

Una simple búsqueda en Google permite determinar que en Urquiza 1701 funcionan o funcionaron el Grupo Octógono y la empresa SigloCero.

Apunten a Kueider 

En enero de 2019, el entonces funcionario provincial Edgardo Kueider se sorprendió cuando en su correo electrónico le llegó un mail anónimo con un video adjunto y con una particularidad: a la vez, también se lo enviaban a Sergio Urribarri, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Allí quedaba demostrado que le habían hackeado las cámaras de su propio despacho oficial y le mostraban algunos de los movimientos de dinero que había hecho Kueider en su oficina con diferentes personas. El funcionario tenía allí la caja fuerte de fondos reservados y administraba lo que le correspondía al gobernador Gustavo Bordet.

Kueider se puso pálido porque el único que tenía acceso a esas cámaras de su despacho era solamente él. Las veía únicamente en su teléfono celular. Y el personaje anónimo le acotaba en el mail: “Tengo esto acá y tengo más”. El video mostraba imágenes de mediados de octubre de 2018, de noviembre, diciembre y de enero de 2019.

Por esas casualidades, en febrero de ese año debía renovarse la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia y era la primera vez que peligraba la continuidad de Urribarri como titular. Es más: hubo una especie de pacto entre peronistas y radicales, para no reelegirlo, pero finalmente no se cumplimentó. Y Urribarri siguió siguiendo presidente del cuerpo.

Kueider entendió que la extorsión era por esa reelección y los únicos que podían hacer ese hackeo eran los del grupo Octógono. El funcionario se comunicó con el procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien se encontraba en Tucumán por esos días y decidió hacer la denuncia. Semanas previas le habían pasado el dato a Bordet, de que iba a tener algunas tareas de espionaje en Casa de Gobierno y en sus movimientos por Entre Ríos y Capital Federal.

Y, a la vez, se reunió con el líder del grupo Octógono, Facundo Cabrera, para que “analizara lo enviado”. Y también le pidió a Cabrera que le organizara una reunión con Urribarri para hablar del tema y ver en qué medida el exgobernador tenía que ver con estos videos, en función de su exigencia cuasiextorsiva de seguir en la presidencia de la Cámara Baja. La reunión con Urribarri se concretó en el edificio de Buenos Aires y Garay, en un departamento de los Octógono. Fueron Urribarri y Cabrera. De entrada le dijeron “guardemos los celulares” para hablar. Urribarri enseguida se desligó de los videos hackeados y enviados. “Yo no tengo nada que ver, yo estoy para colaborar, esto acá pasa porque alguien quiere hacer un daño para que el peronismo pierda, para que yo y Bordet nos terminemos de pelear”, dijo el exgobernador, a la vez que comenzó a cuestionar efusivamente a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que ya había reemplazado a Mauro Urribarri.

--¿Vos en qué podés ayudar? -le dijo Urribarri a Cabrera.

--Yo me quiero cubrir digamos porque yo hasta acá recibo los mensajes. Pero si yo voy a intervenir en algo más y a dejar un rastro mío, no quiero que el día de mañana quede yo pegado.

Fue en ese marco que decidieron hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Kueider primero le envió el video y después se sentó a hablar. La principal preocupación del hoy senador nacional era que el video cayera en las redes sociales y se armara un escándalo nacional, porque se lo veía al legislador repartiendo dinero de fondos reservados, a quienes habitualmente reciben tales partidas para diferentes tareas.

Kueider fue a Tribunales, hizo la denuncia en Fiscalía, pero la causa nunca avanzó. Siempre se entendió que el urribarrismo estaba detrás y que la gente del grupo Octógono había tenido que ver en ello. La causa terminó archivada porque, de alguna manera, Kueider se asesoró, le dijeron que no había “delito” y que por ende no había que seguir con la denuncia.

Los Legascue y los espías

La estructura de la SIDE en Paraná era fuerte en tiempos de la dictadura. Tenía cerca de doscientas personas y numerosos informantes externos que cobraban algunos pesos o que, directamente, lo hacían por amor al poder castrense. “Muchos eran felices con sólo ser amigos de tal o cual capitán o general, que alguna vez fuera a su casa un domingo a comer un asado. Con eso era suficiente”, recuerdan. Uno de los personajes más preparados de ese grupo era Juan Carlos Legascue, quien se recibió de subteniente de reserva en el Liceo Militar Belgrano de Santa Fe, pero luego siguió Derecho. Apenas recibido como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, en pleno inicio de la década del ’70, se incorporó al Juzgado de Instrucción a cargo de Silvano Santander (h) en la Justicia provincial. Santander siempre fue un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos, a punto tal que, a poco de producirse el golpe de Estado en la Argentina, fue cesanteado por el gobierno militar en Entre Ríos. Legascue -el mayor de tres hermanos, hijos de un suboficial de Ejército y luego visitador médico- no comulgaba demasiado con las ideas de Santander, de origen radical. Sucede que el abogado y agente encubierto siempre apareció vinculado a la derecha peronista que, en Paraná, lideraba el fallecido Alberto Ottalagano. De hecho, su hermano, Jorge Legascue, también abogado, fue colaborador del fiscal de Estado, De Felipe, en el gobierno de Enrique Tomás Cresto (PJ).

Por gestiones del entonces vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, doctor Alberto Acebal (los otros dos miembros eran Raúl Dupleich y José Francisco Llorens), quién al parecer fue colocado allí para bloquear el ascenso como camarista del juez Federal doctor Ernesto Pintos, se le ofreció el cargo de secretario a Juan Carlos Legascue. El abogado aceptó de inmediato en esos días de la década del ‘70, pero al poco tiempo renunció, luego de diversas situaciones tensas. No obstante, y por gestiones de un familiar que tenía en la Presidencia del Banco de Entre Ríos -nombrado por Cresto-, retornó al fuero federal, esta vez como defensor de Cámara. No le fue muy bien. Hay quienes sostienen que quedó involucrado en algunos hechos turbios que se investigaban -como un operativo realizado en Santa Fe- y cuando llegó el coronel Juan Carlos Trimarco al poder pasó a ser el primer cesanteado en la Justicia Federal de Paraná. "En principio quedó como una víctima, porque lo sacaron dos días después del golpe de Estado", se indicó. "Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que todo había sido una maniobra para sacarlo de escena y llevarlo a otro lugar. Allí nos dimos cuenta que el hombre tenía un doble rol", se acotó. Sucede que Legascue se fue de Paraná y recaló en Posadas, donde fue designado juez Federal de dicha capital, en plena dictadura. El abogado no estuvo demasiados días. A los pocos meses le iniciaron un Jury de Enjuiciamiento por la supuesta "apropiación de dinero depositado en custodia por distintas causas y hasta de un barco que habría sido secuestrado a raíz de un juicio", recordó un experimentado periodista misionero. Legascue puso como abogado defensor al profesor de Derecho Penal de la UNL Jaime Prats Cardona, pero el Jury no llegó a reunirse porque presentó su renuncia, para zafar de la complicada situación. Sus buenas relaciones con el poder militar no sólo se vieron en lo sucedido en Misiones, sino también en otro hecho: al poco tiempo logró el beneficio de la jubilación como exmagistrado.

Legascue regresó a Paraná y de inmediato se puso a las órdenes de Trimarco en la SIDE. El organismo de Inteligencia dependía de la cúpula del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada del Ejército Argentino, con sede en avenida 25 de Mayo. Los espías de esa época fueron clave para detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas, tal como ocurrió en Paraná, Concepción del Uruguay o Gualeguaychú. Legascue era una especie de líder de un grupo de tareas especiales integrado por policías retirados, servicios y excarapintadas. Quienes lo conocen señalaban en los ‘90 que “se la pasaba viajando” por países centroamericanos, por ser un colaborador de tareas de grupos de espías del exterior. Al declarar en la causa AMIA, admitió sin problemas haber participado en la “operación Telleldín” y dijo que viajaba “por negocios”. Entre los que se contaban estrechos vínculos con Irán antes y después del atentado de 1994.

Legascue decidió irse a vivir a España, pero en las últimas semanas caminaba tranquilamente por el centro de la capital paranaense. Como si nunca hubiera pasado nada a su alrededor.

(Publicada en la edición 1144 de la revista ANALISIS del jueves 21 de septiembre de 2023, en un informe de cuatro páginas)