El nuevo Gobierno no solamente encontrará problemas en la economía interna, sino también en el frente externo. A la renegociación con el FMI y los pagos a bonistas se sumará el frente judicial, en el que la Argentina todavía tiene varios desafíos.

Esta semana hubo novedades en la causa por la expropiación de YPF, ya que la jueza Loretta Preska decidió que la Argentina tendrá que depositar acciones de la propia petrolera y sus cuentas por cobrar del proyecto Yacyretá si quiere evitar embargos.

Ese juicio, en el que el país tuvo una sentencia adversa de US$16.100 millones, no es el único que sigue pendiente en los tribunales internacionales. Según los cálculos de Sebastián Maril, de Latam Advisors, los litigios pendientes suman US$23.062 millones. Eso se agrega a juicios ya pagados (a Repsol y los holduts, entre otros) por US$16.692 millones.

Como resultado, el analista estimó que el riesgo legal argentino llega a los US$39.754 millones. Entre los juicios que quedan pendientes, Maril detalló los diferentes estados en los que están las causas.

Unos US$982 millones corresponden a cuatro reclamos que ya tienen sentencia firme y los acreedores ya pidieron avanzar con los embargos. “En el caso de Attestor Master, que tiene un fallo por US$450 millones más intereses, las partes acordaron que aquello que se está intentando embargar es confidencial porque es muy sensible”, contó Maril a TN.

Otros US$17.100 millones son fallos en contra de la Argentina, pero que todavía pueden ser apelados. En este grupo de ubica el juicio por la expropiación de YPF y el del cupón PBI en Londres.

Un tercer grupo, que suma pagos por US$4980 millones, son los juicios que todavía no tienen sentencia. Allí, Maril mencionó varios reclamos ante el CIADI, una parte de los holdouts, el reclamo por el pago del cupón PBI en Nueva York y las presentaciones ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Más juicios a la vista

Al mismo tiempo, Maril no descartó que puedan aparecer más demandas en el corto plazo. En particular, podrían surgir nuevos reclamos por el conflicto sobre el pago de los bonos que ajustaban por PBI.

“Este tema está judicializado por varios motivos. Argentina modificó los contratos dentro del prospecto del cupón PBI, pero no porque la estadística del Indec mintió, sino por el momento en el que el país decidió cambiar la fórmula por la que calculaba el PBI. Acá, lo más importante es la interpretación de ciertas cláusulas, como la que dice cómo se debe calcular el crecimiento de la economía en caso de que haya un cambio en el año base”, explicó.

En ese sentido, recordó que la Argentina dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013 y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago.

“Los acreedores consideraron que se tenían que publicar todo el año con la misma base y recién hacer el cambio a partir de enero de 2014. En Londres, la justicia les dio la razón y ordenó a la Argentina publicar la serie completa con la metodología anterior, algo muy difícil de hacer. En Nueva York, la jueza Preska todavía no falló, pero se supone que la sentencia será similar”, continuó el analista.

Es precisamente por ese incumplimiento de la Argentina en publicar la serie completa con la base de cálculo antigua que los fondos podrían reclamar nuevos pagos del cupón PBI. “Evidentemente, los acreedores siguieron calculando el crecimiento con la fórmula vieja y es posible que puedan reclamar el pago de años posteriores a 2013. No se sabe cuántos años podrían ser, pero los cupones PBI tienen plazo hasta 2035. Por lo tanto, ese pedido de default está en carpeta”, apuntó Maril.

Para el analista, el nuevo gobierno debería sentarse a negociar con todos los acreedores, a fin de empezar a cerrar el capítulo judicial. Algunos litigios -explicó- que se arrastran hace unos veinte años, como consecuencia del default de 2001. “Tanto el gobierno como los acreedores tiene que cambiar de actitud”, cerró.