La audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur comenzó este jueves con escenas de tensión y enfrentamientos en la localidad de Sierra Grande, en el sudeste de Río Negro, donde se debaten los alcances e impactos sociales, económicos y ambientales de la obra y su terminal portuaria, pensadas para la exportación de crudo de la Cuenca Neuquina. El operativo de seguridad incluyó al grupo especial COER de la policía de la provincia.

Más de 400 personas ingresaron por la mañana al gimnasio Vuta Mahuida de esta localidad de más de 12.000 habitantes para escuchar la exposición de la petrolera YPF —a cargo del proyecto—; la de los funcionarios de la gobernación —desde el vicegobernador, Alejandro Palmieri, hasta la defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati—; y las de las consultoras de impacto ambiental. 

La audiencia fue organizada por la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de Dina Migani, y el objetivo fue exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras. También debían exponer los detractores de la iniciativa, pero ante la imposibilidad de que todos ingresaran y la llegada de un grupo a favor de las obras con banderas del sindicato de la construcción decidieron replegarse y retirarse de la audiencia.

elDiarioAR cubrió la audiencia pública de este jueves y viajará por los próximos dos días a distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías, eje de los desencuentros y enfrentamientos entre distintas localidades de la costa atlántica de la provincia. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Al menos 145 personas estaban inscriptas como promotores del proyecto, invitados y oradores para exponer su postura sobre el oleoducto y la terminal portuaria de Punta Colorada, pero finalmente sólo expusieron quienes apoyan el proyecto. Todos los invitados por los organizadores se manifestaron a favor del oleoducto y su puerto. Es decir, no hubo ninguna voz crítica invitada por la Secretaría de Ambiente. En Sierra Grande la decisión ya está tomada.

No todos los oradores pudieron ingresar a la audiencia, a pesar de que el lugar aún tenía capacidad para 15 personas más, según presenció este medio en el ingreso. 

La situación generó malestar con la policía y provocó el pico de tensión de la jornada, cuando en medio de la audiencia, una manifestante, la docente Cecilia Salcedo, de Las Grutas, interrumpió el discurso de apertura de la secretaria de Ambiente para exigir el ingreso de sus compañeros y reclamó que el acto oficial no era democrático.

La funcionaria ordenó a la policía a viva voz que sacara a la mujer del lugar, mientras la manifestante era abucheada y acallada por cientos de personas presentes en la audiencia. Luego, se aceró a la docente Salcedo para unas breves palabras y regresó al escenario.

La razón para apoyar el proyecto pese a las advertencias sobre su impacto ambiental

En Sierra Grande, un amplio sector apoya las obras y tiene la esperanza de que ayude a recuperar la economía de la localidad, que vivía de una mina de hierro hasta que la minera abandonó el emprendimiento. 

Sierra Grande también intenta progresar en el rubro turístico, ya que cuenta con las hermosas Playas Doradas, que ahora serán vecinas a la terminal portuaria del oleoducto. 

“Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento. Desde el cierre de la mina, en los años 90, hemos tenido un éxodo de la población, especialmente de los jóvenes. Pasamos de 20.000 habitantes a casi 6.000 y hoy estamos entre los 12.000 y los 14.000”, explicó Renzo Tamburrini (Frente de Todos), el intendente de la localidad, que apoya las obras porque asegura que los controles serán estrictos y que la naturaleza, el turismo y el puerto petrolero podrán convivir, como lo han hecho con el puerto minero vecino.

“Digo sí a YPF para que haya trabajo y cumplir con este sueño de progreso”, dijo una de las vecinas de Sierra Grande en la audiencia, poco después de lanzar un panorama que explica gran parte del apoyo de la localidad al proyecto: la mayoría de sus habitantes es empleado estatal o municipal, algunos mineros y marineros, y el resto, beneficiarios de planes sociales. No quieren que sus hijos abandonen la casa en busca de trabajo. Su testimonio se replicó en decenas de vecinos que hablaron al final de la audiencia.

“En la Patagonia existe un desafío adicional (al ambiental): internalizamos los costos pero no vemos los beneficios, tanto en recursos energéticos como riquezas naturales”, afirmó Adriana Santagati, defensora del Pueblo de la provincia. “Deben existir garantías de que no cargaremos con los costos mientras otros se llevan los beneficios”, agregó, y dijo que “los derechos humanos deben ponerse en el centro de cualquier proyecto productivo”.

“Fuera hippies”  

La audiencia pública es un requisito legal para lograr la autorización de las obras. El objetivo era que YPF y las tres consultoras que realizaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) expusieran los aspectos técnicos del proyecto frente a la ciudadanía y que se escucharan también a las voces disidentes, que rechazan el proyectos en base a argumentos medioambientales, sociales y económicos.

“Esta es la obra más importante de los últimos 30 años en la energía de la Argentina. El 90% del petróleo hoy se produce de Vaca Muerta y hoy usamos tres veces menos de dólares para importar energía”, dijo durante la audiencia Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de YPF.

Algunos de los manifestantes que no pudieron ingresar son personas de otras dos localidades, Las Grutas y San Antonio Este, nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, quienes rechazan la instalación de una terminal petrolera en esta zona del Mar Argentino.