En un breve escrito fechado este 5 de marzo, en línea con el dictamen del Procurador General Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió devolver la competencia de la denominada “causa contratos truchos” de la Legislatura al Juzgado de Garantías N°1 de Paraná, cuya titular es la jueza Marina Barbagelata, supo ANÁLISIS. Así, se allana el camino para avanzar en la elevación a juicio oral, que deberá realizarse en los Tribunales de la provincia.
“De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal n° 1 de Paraná, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos”.
La resolución lleva las firmas digitales de los cuatro ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La causa
Como se recordará, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry concluyó hace casi tres años, después de una pericia contable que determinó un desfalco millonario a las arcas del Estado provincial. Ese dinero salió desde la Legislatura entre 2008 y 2018, con anuencia de los sectores políticos gobernantes y connivencia de los dirigentes. El mecanismo de desvío se dio a través de contrataciones irregulares en las dos cámaras, operadas directamente desde la dirigencia y los bloques políticos, un sistema que fue creciendo con el transcurrir de los años y las gestiones de gobierno.
La causa inició por la denuncia casual de un agente policial que, durante una guardia en septiembre de 2018, observó movimientos extraños en un cajero automático de Paraná. Alertó a las autoridades que una persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático. Comenzó una investigación penal que llevó a la Legislatura entrerriana y la multiplicidad de contrataciones a terceras personas que, en distintos casos, fungieron como especie de “prestanombres”. Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas.
El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Desde entonces el trámite estaba, literalmente, frenado. Los abogados defensores hicieron un planteo de competencia. Aseguraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque el dinero desviado fue, aparentemente, para financiar la política. Así, pese a la cantidad y gravedad de delitos penales detectados por los fiscales, los abogados consiguieron sacar la investigación de la órbita penal entrerriana. Encontraron cabida y apoyo en el juez federal Daniel Alonso y lograron que la discusión pase a la Justicia Electoral primero, después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), posteriormente a la Justicia Electoral y de vuelta a la CSJN, en un trámite meramente dilatorio.
Finalmente, este martes 5 de marzo la Corte resolvió la competencia.
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