Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el gobierno sobre blanqueo de capitales, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos el año pasado.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó solamente con la presencia de legisladores oficialistas. Luego se sumaron solo cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Más temprano, los opositores habían participado de un encuentro con Patricia Bullrich.

Durante las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel, se hizo circular el proyecto para su dictamen, pero cuando la oposición llegó se cuestionó ese accionar y, explicación mediante, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión para sacar despacho.

Al exponer sobre la iniciativa, Castagneto señaló que “la herramienta que presentamos, de carácter voluntario y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles”.

El responsable del ente recaudador consideró que esta es una norma que “el momento institucional y político requiere”, y mencionó que “quienes declaren podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose a medida que vayan ingresando a través del tiempo”, mientras que a quienes no lo hagan “se les van a aplicar las normas vigentes” de sanción.

Además, resaltó que lo obtenido por el blanqueo será “destinado a la realización de viviendas y obras públicas en todo el país, como así también para fortalecer el Tesoro Nacional”. “Las grandes maniobras de evasión fiscal atentan contra la gobernabilidad y democracia”, subrayó y observó que “la democracia que está cumpliendo con 40 años se enfrenta con intentos desestabilizadores y de recetas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia”.

“Desde todos los sectores del Estado debemos dar la discusión de lo que hay que hacer: trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los trabajadores”, dijo en tono electoral Castagneto, quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En su alocución, el funcionario detalló que, a través de la OCDE, “Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países, que aportan a la AFIP la base de datos de argentinos que mantienen cuentas en esas jurisdicciones”. De esos informes se desprende que “un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias”. “Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países de la OCDE en el uso del cruce de las cuentas y las bases de datos”, indicó. También informó que solo en julio de este año se han detectado “222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116 mil millones de pesos”.

A su turno, Michel ponderó que “la política de transparencia fiscal internacional ha atravesado a todos los gobiernos y es algo que debemos seguir sosteniendo entre todo”. “Es una política de Estado y la AFIP lo tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mundo financiero”, insistió.

Sobre el acuerdo que se firmó el año pasado con Estados Unidos, remarcó que “es una política que se inició en 2016, (Alfonso) Prat-Gay era ministro de Economía”. Pero lo que se busca ahora es “hacer el intercambio a nivel masivo” para que “se pueda obtener por grupos de contribuyentes”. “De muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados o una sociedad como accionistas, esa información ya se está obteniendo”, precisó.

El director general de Aduanas anticipó que a partir de septiembre se va a “obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior” y, en ese marco, defendió: “Esta ley no la necesita esta administración, este gobierno, sino como política de Estado la necesita la Argentina”.

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso”, sostuvo y recordó que hubo leyes de blanqueo en 1987, 1992, 2008, 2013 y la más reciente en 2016, bajo la gestión de Cambiemos. Sobre este último, apuntó que fue “la ley que más se discutió y que mejor esquema de recaudación tuvo, gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año de 2011 con todos los acuerdos de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva, y en el año 2015 es que se pudo obtener esta información”.

Michel agregó que en 2021, en la ley de incentivo a la construcción, también se contempló en un capítulo un blanqueo “de similar naturaleza”, publicó Parlamentario.

Además, el funcionario expresó que “después de la pandemia se han impulsado en muchos países estos regímenes de exteriorización”. “No es un régimen novedoso, pero esto tiene una particularidad y una razón de ser. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”, resumió.

Al momento de las preguntas, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas dijo que le “llamó la atención que no esté incluida la posibilidad de una moratoria” como en otros casos, y cuestionó que “cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delegan (en el Poder Ejecutivo) los beneficios, y eso es una potestad nuestra”. “No me parece que el Ejecutivo pueda decidir perdonar deuda o bajar en materia tributaria. Pero además creo que nuevamente un blanqueo, dando beneficios a los que están fuera de la ley, va a perjudicar a los que pagan”, enfatizó.

Castagneto le respondió que en los blanqueos “siempre se permitió al Poder Ejecutivo reglamentarlo” y así se vio en el gobierno de Mauricio Macri, cuando “tomó más atribuciones de las que correspondían, porque en ninguna parte se permitía a familiares”, algo que se judicializó luego.

“Nosotros respetamos mucho a los cumplidores. Se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para deudas impositivas y en el tema de seguridad social, un plan de 48 cuotas”, sumó el titular de la AFIP.

En tanto, Michel contestó: “Entiendo su punto y es atendible, pero entendemos que cumple con el artículo 76 de la Constitución”.

Discusión sobre la firma del dictamen

Luego de las exposiciones de los funcionarios, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aclaró que se había convocado a una “reunión informativa” y, ante el anuncio de Heller de que ya “25 diputados” habían firmado el dictamen, el opositor se quejó: “No es una manera correcta y adecuada de trabajar”.

“Un dictamen es una previa y siempre hay posibilidades de seguir discutiendo, y hasta el tratamiento en el recinto, lo hemos hecho infinidad de veces que se han incorporado cambios o modificaciones. No implica que no se pueda seguir trabajando”, argumentó Heller, a lo que López contestó que esperaban al menos otra reunión.

Luego el presidente de la comisión admitió un “error administrativo” en la convocatoria y le dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que como “no hay una inminencia de tratamiento” podían presentar un dictamen de minoría hasta el miércoles que viene.

Sin embargo, más tarde, ante un nuevo intercambio, Heller anunció que la semana próxima se citará nuevamente para dictaminar. “Pese a tener el número y el dictamen, esta Presidencia va a volver a convocar a una nueva reunión, porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió”, cerró.