La Entidad Binacional Yacyretá ha iniciado un proceso de despidos que, a la fecha, alcanza a más de 100 trabajadores de sus sedes en Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires. Los telegramas remitidos en los últimos días fueron dirigidos, mayoritariamente, a personal de planta permanente incorporado durante las últimas tres gestiones.

La lista de despidos fue supervisada personalmente por el ingeniero Alfonso Peña, recientemente designado Director Ejecutivo, al regreso de sus vacaciones en EE.UU. y la doctora Dollberg, secretaria del Comité Ejecutivo y brazo ejecutor de Alejandro Tonelli en la hidroeléctrica.

Según pudo saber el diario El Litoral de Corrientes, de los 100 despidos, 60 son de Posadas, Misiones.

Además, dejaron cesante a un médico de la entidad, "que no tenía color político", señalaron las mismas fuentes. Su reincorporación con contrato a medida, habiendo concluido y cobrado su retiro voluntario, es mirada con malos ojos desde la margen paraguaya por su anomalía reglamentaria, y podría convertirse en un nuevo escándalo para la administración Peña.

Este recorte de personal, que representa aproximadamente un 15% del total del plantel de 650 empleados en la margen argentina, genera preocupación respecto de los planes futuros de Yacyretá. Por ejemplo, la obra de Maquinización del Brazo Aña Cuá, uno de sus principales proyectos, perdió a casi todos sus trabajadores profundizando la parálisis en la que está sumida desde el inicio de la gestión del ingeniero Peña.

En este contexto no extraña que uno de los elegidos por Peña para integrar su mesa chica sea el ingeniero Eduardo Petrollo, ex gerente del proyecto Aña Cúa durante la gestión Goerling y encargado del polémico proceso de licitación para la obra civil que luego acabara judicializado.

El caso de Petrollo tiene similitudes con el del médico, concluida la gestión del actual senador Goerling, Petrollo inició juicio a la entidad, lo perdió y hoy, recontratado de manera polémica, se encuentra tomando decisiones en la Secretaría General de la principal hidroeléctrica de Argentina.

Desde las oficinas de Retiro indican que los despidos podrían continuar y se encienden las alarmas ante la advertencia de trabajadores y expertos del sector por los efectos que el desmantelamiento de la operación de la mayor hidroeléctrica de Argentina podría tener en los próximos meses.

En Salto Grande, al borde de medidas de fuerza

“Si la plata no entra esta semana va a haber medidas gremiales”. Así confirmó el titular del gremio de trabajadores de Salto Grande lo que podría suceder esta semana si el gobierno nacional no empieza a regularizar la deuda que mantiene con las hidroeléctricas de todo el país. Sergio Benítez, titular de Siatrasag, advirtió que el desfinanciamiento a las represas no solamente afecta a la planta de trabajadores sino que pone en riesgo los más de 450 kilómetros de red que atiende la binacional arraigada entre Concordia y Salto (Uruguay), según publicó Tarea Fina.

La deuda de Nación con Salto Grande por gastos operativos y producción asciende a unos 5000 millones de pesos que corresponden a lo producido durante enero y febrero. El último pago fue en diciembre, y generalmente los cobros son a los 45 o 60 días. Este monto de 5000 millones de pesos se suma a la deuda por excedentes y regalías que el gobernador Rogelio Frigerio decidió judicializar.

“Nación pagó diciembre y todavía están debiendo enero. Solamente la partida económica de febrero supera los 3000 millones de pesos, o sea que la deuda es de 5000 millones de pesos mínimo”, precisó Benítez a Tareafinanoticias.com

El atraso en los giros del Estado afecta directamente la estabilidad salarial de los empleados, que solo del lado argentino son 280.

La deuda

Salto Grande cobra por lo que produce: por la potencia disponible y por la energía generada. De lo que cobra por energía, una parte va a regalías. Los excedentes desde larga data ya no existen, y por eso el gobierno provincial debe sostener con fondos propios el funcionamiento de la CAFESG. Para funcionar, Salto Grande presenta todos los años un presupuesto que es aprobado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía. Ese presupuesto anual es el que se paga por partidas económicas cada mes, con 45 y hasta 60 días de atraso.

“Salto Grande es sin dudas la empresa estatal más eficiente”, afirmó Benitez. En ese sentido, dijo que no hay una preocupación por un posible “coletazo” de los despidos en Yacyretá porque en la represa local están “casi al límite” con la cantidad de personal. Sí hay una advertencia por la deuda y el impacto que podría generar en los sueldos de abril. “No está la plata todavía y si no llega esta semana, tenemos que evaluar medidas gremiales”, adelantó.