Cristina Kirchner se opone a que la causa que se abrió en Lomas de Zamora para investigar el llamado espionaje macrista vaya a Comodoro Py, como resolvió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal. Sostuvo que ese fallo es “manifiestamente arbitrario” y de “gravedad institucional” para la democracia. Por eso, en su rol de querellante, hizo saber al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé su decisión de apelar. El tribunal que busca que revierta la decisión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el escrito al que accedió Infobae, el abogado Carlos Beraldi, representante de la vicepresidenta, se presentó ante el juez Augé y afirmó que “a través de medios periodísticos he tomado conocimiento que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto, por mayoría, declarar la competencia del fuero penal federal de la Capital Federal para que continúe con la tramitación de las causas en que me dirijo”.

Se trata de la decisión de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma (en disidencia) que resolvieron que el caso del espionaje que nació en Lomas de Zamora pase a los tribunales de Retiro por una cuestión de competencia territorial: si las ordenes salieron desde la AFI, el organismo de inteligencia tiene su sede en CABA así como también muchos de los domicilios vigilados.

La causa de Lomas de Zamora tiene tres partes: la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria; el espionaje ilegal a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas; y una tercera parte sobre el capítulo de los llamados presos K.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz; y el encargado de Contrainteligencia Martín Coste.

En la investigación por los políticos y las cárceles están imputados Arribas y Majdalani; el ex director del Servicio Penitenciario Emiliano Blanco; y el ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, entre otros, sumados a un grupo de agentes de la AFI, policías y penitenciarios y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo.

El juez Augé debía resolver si hacía lugar al pedido de procesamiento por asociación ilícita que habían solicitado la fiscal Cecilia Incardona y otros querellantes.

Beraldi sostuvo que el de Casación “se trata de un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos. “Por tal razón, informo a V.S. que tal decisión será recurrida por mi parte a través de la vía que establece el Artículo 14° de la Ley 48”, agregó el abogado de CFK en su escrito a que accedió Infobae.

Según Beraldi, “por no encontrarse firme la decisión que ordena la remisión de las actuaciones a la justicia federal porteña, no corresponde y así lo solicito, que se cumpla con dicha medida, la cual habrá de generar perjuicios de insusceptible reparación ulterior. Por ello, las actuaciones deberán continuar su trámite ante esta sede hasta tanto el más Alto Tribunal defina la cuestión de competencia”.

El tribunal de alzada de Casación es la Corte Suprema de Justicia. Justamente, Cristina Kirchner ha sido crítica con el máximo tribunal el pasado 9 de diciembre, en víspera de cumplirse un año de gestión como vicepresidenta. La acusó de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” y de garantizar la impunidad de los exfuncionarios de Cambiemos.

Por lo pronto, según pudo saber Infobae, apenas se notificó de la decisión de Casación, el juez Augé decidió enviar las actuaciones a los tribunales de Retiro. “Siendo ello así, dado lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y en estricto cumplimiento a lo dispuesto habré de ordenar la urgente remisión en formato digital de estos actuados, junto con la causa FLP 5056/2020, sus legajos, incidentes y efectos, a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires”, dispuso. También informó a la Cámara Federal de La Plata, que tiene en revisión varias decisiones tomadas en el expediente.

En Comodoro Py el caso pasará entonces a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli. Ese es otro de los focos de cuestionamientos que activaron los querellantes kirchneristas y varios de los imputados.

A Stornelli, fiscal de la causa de los cuadernos, le remarcan sus procesamientos en otra causa por espionaje que se tramitó en Dolores bajo el nombre de “caso D’Alessio”. Capuchetti había rechazado la competencia del caso, pero la decisión se dirimió en la Cámara Federal con el voto del camarista Mariano Llorens y ahora ratificado por la Sala IV de Casación.

La abogada Graciela Peñafort, representante de Roberto Baratta y Amado Boudou, afirmó en diálogo con C5N que “Comodoro Py no admite recusaciones de fiscales, estamos viendo qué se puede hacer”, pero resaltó que “Stornelli, Arribas, Majdalani tienen en común un único pedido de que la causa se tramite en Comodoro Py porque es el único lugar donde no se investiga las causas de Inteligencia” e insistió en que la “inteligencia ilegal” formó parte del lawfare.

Fuentes de la causa, en tanto, plantearon a Infobae que preparaban de todas formas un pedido de recusación contra Stornelli. En ese sentido, recordaron cuando en uno de sus escritos el fiscal afirmó que el caso debía pasar a Comodoro Py diciendo “algo huele mal en Lomas de Zamora” y comparó la megacausa que se había armado en esa jurisdicción como una “bola de moco”.