Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, darán hoy a las 9 los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos que en diciembre pasado dictaron contra Cristina Kirchner por el caso de las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Los argumentos se enviarán por el sistema judicial Lex-100 y no habrá una audiencia especial. A partir de allí, las partes estarán en condiciones de apelar las condenas y las absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, tendrán 10 días hábiles, pero es probable que pidan una prórroga de ese plazo por lo extenso y complejo del caso.

El 6 de diciembre, el tribunal condenó a la Vicepresidenta y a otras ocho personas, entre ellas Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez. A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.

En tanto, otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

En el veredicto, los jueces establecieron el 9 de marzo a las 9 como la fecha y el horario para dar a conocer los argumentos de su decisión. Sin embargo, por la trascendencia pública y política del caso, dieron a conocer un adelanto de su decisión. Lo hicieron en un escrito de ocho páginas que difundieron después del veredicto.

“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad”, dijeron.

Allí, explicaron que los motivos centrales de la condena a la Vicepresidenta fueron los negocios que tenía Báez y los mensajes encontrados en el celular de López, lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Los jueces hablaron de “vínculos promiscuos y corruptos” y “lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación” para favorecer a la ex presidenta y a Báez.

“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, explicaron.

La referencia a los negocios son por las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner que Báez les alquilaba y administrativa. Eso se daba en simultáneo a las obras que recibía con irregularidades. Por esos hechos hay una causa judicial en el que CFK y Báez, junto a otros imputados, fueron enviados a juicio oral y sobreseídos sin que se haga el proceso. Esa decisión fue apelada y debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.

El “plan limpiar todo” fue lo que surgió del celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos de nueve millones de dólares. Allí aparecen mensajes de López con Báez, con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones, la compañía más importante del empresario- y con otros funcionarios sobre reuniones con Cristina Kirchner y otras personas en el final de su mandato en 2015 para organizar el pago de las obras que restaban y cerrar las empresas.

Los jueces tuvieron una diferencia. Basso entendió que los acusados cometieron el delito de asociación ilícita, mientras que Gorini y Giménez Uriburu descartaron ese delito. En sus alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido condena por asociación ilícita.