Un fiscal federal solicitó que el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti y el Presidente del Ente del Agua local, Federico Nicolás Agudo, sean indagados en el marco de una causa que los considera coautores de los delitos de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar el río Paraná con vertidos cloacales y el de incumplimiento de deberes de funcionario público, informaron hoy fuentes judiciales.

En la causa que tramita en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, el fiscal Matías Felipe Di Lello, les imputa “haber contaminado el curso del Río Paraná, el Arroyo Ramallo y el Yaguarón, mediante el vuelco de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamientos inadecuados en diferentes puntos de la ciudad desde fecha incierta y hasta la actualidad”.

El pedido de indagatoria realizado por el fiscal Di Lello, está basado principalmente en que considera que “existen elementos de prueba suficientes para sospechar, que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal”. Se trata del intendente de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Manuel Passaglia, el actual secretario de Obras Públicas y Planeamiento municipal, Darío Gritti y el Presidente del Ente de Aguas local, Federico Nicolás Agudo, un organismo descentralizado de la administración pública municipal, publicó LaVerdad.

Los delitos que se le imputan son los de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque tanto el intendente como el Director de Obras Públicas no cumplieron con la Ley Provincial 5.965 que regula la protección de los cuerpos de agua y prohíbe tanto a las reparticiones del Estado como a las entidades públicas y privadas, el envío de efluentes sólidos, líquidos o gaseosos que pudieran causar una degradación ambiental en los arroyos y ríos de las aguas provinciales, indicaron fuentes de la investigación. A su vez, señalaron que los funcionarios incumplieron con la Ley Orgánica de las Municipalidades que pone en responsabilidad del Poder Ejecutivo municipal los deberes de protección ambiental.

“La Ley Orgánica de Municipalidades fue fundamental en la imputación realizada, ya que establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales y además dice que esa responsabilidad alcanza no sólo la faceta civil, sino también su aspecto penal”, explicó a Télam el abogado de la asociación civil “Foro Medio Ambiental”, Fabian Maggi, quien denunció en 2020 el vuelco de efluentes cloacales sin el adecuado tratamiento en el frente costero nicoleño. En esa línea, señaló que los delitos se constataron en análisis de laboratorio realizados por la Universidad del Litoral (UNL), entre el segundo semestre de 2017 y noviembre de 2022, que indican que durante ese período, dichos cursos de agua fueron contaminados con “residuos categorizados como peligrosos”. “Ese informe desató más medidas probatorias, entre ellas una a cargo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y otra hecha por la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) que determinaron que los parámetros de coliformes fecales estaban miles de veces excedidos de la normativa vigente”, apuntó Maggi. Además, durante las pericias, se pudo dar cuenta de que todas las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de esa ciudad tenían hechos “bypasses” ilegales, en referencia a caños que desviaban el líquido para eludir el tratamiento y volcarlos sin tratamiento. A la vez que constataron que las plantas se observaban en un muy mal estado de conservación y mantenimiento y que no tenían los permisos ambientales para operar. “Es preocupante y reprochable lo que sucedió porque acá, la provincia en la época de la gobernación de (Daniel) Scioli, hizo una inversión muy grande y construyó las plantas de tratamiento cloacal, pero el municipio nunca las mantuvo”, resaltó el abogado.

Es por eso que, además del pedido de indagatoria para los funcionarios, el representante del Ministerio Publico Fiscal pidió se dé lugar a una medida cautelar para la protección del ambiente para que se eliminen los caños ilegales y que se ponga en condiciones la planta con los permisos ambientales exigidos en la legislación.