N.B. de ANÁLISIS

El juez de Garantías Julián Vergara, decidió otorgar una suspensión de juicio a prueba para el imputado Jorge Zanabone, en el marco de la investigación por presuntas coimas que tiene como principales imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros. La decisión se comunicó este martes en una audiencia en los Tribunales paranaenses, a la cual Zanabone asistió de modo virtual, dado que vive en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

La suspensión de juicio a prueba que beneficia al imputado tendrá una vigencia de 18 meses durante los cuales deberá cumplir con varios requisitos acordados entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y los defensores particulares Alberto Sampayo y Claudio Berón. De modo que Zanabone deberá abonar una serie de multas, entre otras imposiciones, que fueron especificadas en la audiencia del 31 de agosto.

Jorge Zanabone a la salida de Tribunales. (Foto: ANÁLISIS)

Evalúan el ofrecimiento de probation para Zanabone en la causa Urribarri-Cardona Herreros

La causa en la que se produjo la novedad está caratulada “Urribarri Sergio D., Cardona Herreros Diego A., Smaldone Guillermo, Erbes Luis Alfonso, Haidar Carlos Marcelo, Ulrich Miguel Ángel, Flores José Humberto, Campitelli Alfonso José, Sanabone Jorge Adrián S/ Cohecho, Fraude en perjuicio de la administración pública, Peculado y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Es una de las investigaciones por corrupción más importantes que el Ministerio Fiscal desarrolló en los últimos años, pero todavía parece estar lejos de un debate.

Esta suspensión de juicio a prueba fue solicitada el año pasado y denegada por quien estaba al frente del Juzgado de Garantías N°4, Mauricio Mayer, que ahora subroga una Vocalía en el Tribunal de Juicios y Apelaciones a propuesta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Mayer dijo entonces que no podía otorgar la probation pedida para Zanabone y también Alfonso Campitelli, porque un tiempo antes había decidido sobreseer a los imputados Urribarri, Haidar y Ulrich y, ambas decisiones son contradictorias.

Las idas y vueltas sobre cuestiones que no hacen al fondo de la investigación en esta causa son varias. En efecto, el legajo se abrió en 2017, tras una publicación de la revista ANÁLISIS titulada “El amigo paraguayo”. En aquella edición, el director de este medio contó sobre las jugosas contrataciones a partir de las cuales el Gobierno de Entre Ríos benefició a las empresas de Cardona Herreros, durante las gestiones urribarristas. A cambio, funcionarios políticos de entonces y otros que aún continúan en cargos públicos, el mismo empresario paraguayo, empleados y directivos de sus firmas, habrían embolsillado comisiones obtenidas de los supuestos sobreprecios facturados.   

En febrero de 2021, cuando la IPP estaba en pleno desarrollo, el contador y la abogada de la empresa Relevamientos Catastrales (una de las firmas involucradas), Guillermo Linares y Miriam Fessia, acordaron con los fiscales una suspensión de juicio a prueba. Mayer, que hasta el año pasado controló la evolución de la causa, homologó ese acuerdo.

Ese mismo año pero en diciembre, el STJ cambió un criterio sobre las investigaciones fiscales y decidió aplicar con estrictez la letra del Código Procesal Penal. Es decir, ordenó que todas las investigaciones fiscales en la provincia concluyan en el plazo de un año y medio y si así no ocurre, los fiscales deben pedir permiso a los jueces de Garantías para seguir investigando. Es lo que en Entre Ríos se conoce como “fallo Cozzi”. Una decisión que dio lugar a varios sobreseimientos posteriores, incluso, los ocurridos en esta “causa Coimas”. De modo que en junio de 2022, Mayer sobreseyó a Urribarri, Ulrich y Haidar en base al “fallo Cozzi”. Entre la audiencia para pedir el sobreseimiento y la decisión efectiva de Mayer, pasaron unos días que la Fiscalía aprovechó para presentar el requerimiento de elevación a juicio de la causa. No hubo caso, el juez sobreseyó igual.

Pocas semanas después, los imputados Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone pidieron que el juicio se suspenda a prueba para ellos. Mayer les negó el beneficio, pese a que la situación de ambos era comparable a la de Fessia y Linares (los dos cumplieron con sus probation y están sobreseídos).

Desde entonces, las discusiones en torno a la investigación parecen haberse frenado en los tribunales locales. De hecho, la decisión más importante está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que deberá decidir si en causas complejas por graves delitos de corrupción, los plazos fiscales para investigar son flexibles o deben ajustarse a la letra del CPP de la provincia. La madre de las batallas.

Pese a las sucesivas negativas, como el juez que controla esta IPP ahora es otro, y por esas cosas de la Justicia que suele perder y encontrar el Norte, Zanabone finalmente consiguió lo que reclamaba: que le otorguen la probation.

Rol

Según el requerimiento de elevación a juicio, Zanabone actuó en representación de la firma Relevamientos Catastrales, al igual que los imputados Campitelli, Guillermo Linares y Miriam Fessia.

Los fiscales describieron que Campitelli y Zanabone “intervinieron en la gestión de la contratación desde antes del inicio del trámite administrativo, pues contaban con información anticipada, que les posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar el Estado provincial por el servicio, dentro del cual estaba contemplado el porcentaje de sobreprecios, que se iba a distribuir entre funcionarios y la empresa beneficiaria, de conformidad a lo acordado entre Urribarri, Cardona Herreros y los funcionarios que integraban el grupo designado para la negociación”.

En el requerimiento de elevación a juicio se contó que las dádivas fueron identificadas en planillas de la empresa con la sigla PLM, y se pagaron a integrantes de la empresa y funcionarios públicos cada vez que Relevamientos Catastrales contrató con la provincia de Entre Ríos.

En una de las contrataciones investigadas, los fiscales establecieron que “como ganancia extraordinaria para la empresa Relevamientos Catastrales S.A., se destinó la suma de un millón siete pesos ($1.000.007) que se distribuyó entre Diego Armando Cardona Herreros, Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli”.

A continuación, se transcribe un párrafo que ejemplifica las dádivas comprobadas: “No podemos dejar de mencionar, que tal como se ha explicado en ese mismo informe contable, se localizaron archivos en los que rutinariamente se incorporaba el detalle de los pagos (registrados habitualmente como PLM) a los funcionarios de nuestra Provincia. Así, surge de las hojas de cálculo adjuntas a los mails enviados por Linares a Campitelli en fecha 27/08/08 con asunto “Cash Agosto”; de fecha 08/10/08 con asunto “Cash Octubre”; de fecha 24/10/08 con asunto “CASH”; de fecha 24/10/08 con asunto Re: CASH. En fecha 03/10/08 Linares le envía a Campitelli un correo con el asunto “Re: AVISO, Transferencia Standard Bank” en el cual se registran cada uno de los pagos de la Provincia con su correspondiente monto de “PLM”, y también le informa que ingresaron $600.000, por lo cual agrega que “dac si me va a pedir el plm de EERR 267.000”.