De ANÁLISIS

Se desarrolló la audiencia pública en el Senado de la provincia, para que los legisladores presten acuerdo sobre nueve postulaciones para titularizar en cargos judiciales. Los pliegos fueron enviados por el Ejecutivo de la provincia.

Ante la Comisión de Asuntos y Acuerdos Constitucionales del Senado, este miércoles, pasaron la fiscal Matilde Federik, propuesta como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; el fiscal Juan Francisco Malvasio, propuesto como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; el vocal (suplente) del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, propuesto para titularizar en el cargo;  el fiscal Santiago Brugo, propuesto como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; la fiscal María Clara Mondragón Pafundi, propuesta como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; el juez de Garantías de Federal, Maximiliano Otto Larocca Rees, propuesto como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; Pablo Jorge Garrea Allende, propuesto como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Germán Darío Dri, propuesto como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia.  

La audiencia comenzó a las 9.30 y si bien estaba previsto que se extienda más allá de las 13, en general algunos senadores no hicieron más de dos preguntas a cada postulante por lo que las entrevistas fueron expeditivas.

Qué dijeron los postulantes

Las preguntas que se repitieron para cada caso no variaron. La Comisión del Senado apuntó a conocer fundamentalmente dos o tres aspectos: cómo está compuesto el patrimonio de quienes pretenden titularizar en cargos judiciales; qué piensan del Consejo de la Magistratura; y qué proponen como plan de trabajo para el organismo que pretenden integrar, es decir el Tribunal de Juicios y Apelaciones  

Matilde Federik, postulante a ocupar una vocalía del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, fue consultada sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Es un gran avance como están con su diseño en la Constitución, es decir como organismo asesor de Poder Ejecutivo, sin intervención política de los otros poderes. Esa cuestión puso a nuestro Consejo por encima de otras organizaciones del país, incluso el nacional. En ese Consejo de la Magistratura rendí mi primer concurso, después se modificó. En el concurso de fiscal teníamos una instancia oral que era buenísima y lo extrañé en esta instancia. El oral, más allá de la entrevista posterior, permite hacer preguntas específicas y descartar que a la persona que haya ido bien por una cuestión de suerte, máxime cuando se trata de fiscales. Todas nuestras audiencias son orales, la evaluación oral es sumamente buena, más allá de la entrevista que tiene que ver con el perfil de cada postulante”, opinó Federik.

Sobre la reforma que se sancionó el año pasado, la funcionaria judicial dijo que “incorporó aspectos que deberían ser mejorados, sobre todo después de la ley de paridad de género”. “Además la ponderación de concursantes en relación a formación en género, es prioritario”.

En relación al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Federik manifestó que “hay nueve vocalías, cada uno con un asistente que es diferente a función de relator que ayuda en la jurisprudencia, en la redacción de sentencias. Sería interesante plantear que los asistentes tengan ese rol de relatoría, no solo una función administrativa. Opino desde afuera, no integré la cámara como suplente”, remarcó.

Juan Francisco Malvasio advirtió sobre la extensión de plazos en los procesos evaluatorios del Consejo de la Magistratura. “Soy un defensor de Consejo de la Magistratura que permitió que toda persona capacitada acceda a un cargo. Pero este concurso particular, que es atípico por la ocurrencia de la pandemia, se demoró cuatro años. Deben mejorar los plazos que deben ser perentorios y fijos. Uno como concursante se ve enredado porque se demoran en tramitación”, dijo. A título seguido destacó una modificación incorporada el año pasado: “La resolución de apelaciones a los concursos por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) trajo celeridad”.

Alejandro Cánepa, que es vocal suplente y quiere titularizar en el Tribunal de Juicios, sostuvo sobre su funcionamiento: “Un punto importante es el tiempo que transcurre desde que la causa se eleva a juico y la realización del mismo que está llevando unos 200 días, cuando el Código Procesal habla de 30 días. Las suspensiones, falta de infraestructura, agendamientos que se duplican, la elección de juicios conforme la gravedad del delito son cuestiones que afectan. Se intentaron remedios a lo largo de este tiempo, que conversamos con la Sala Penal, pensamos en ampliar competencia de los tribunales unipersonales, en la competencia de los Juzgados de Garantías”, señaló.

En referencia al Consejo de Magistratura dijo que las “modificaciones que se hicieron el año pasado son buenas pero hay otras que no se tuvieron en cuenta y propusimos desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial”. Cuestionó la dilación en el tiempo de los concursos, “es el mayor problema”, afirmó. “El concurso por el que me entrevistan hoy comenzó con la inscripción en 2019, pandemia mediante, pero tres años para resolverlo es un tiempo extenso”.

Santiago Brugo contó sobre su experiencia en el Consejo de la Magistratura de Ríos Negro y lo comparó con el entrerriano. “No tiene intervención de Poder Ejecutivo, está compuesto por tres legisladores. El Poder Legislativo de Río Negro es unicameral. El Consejo cuenta también con representantes del Colegio de la Abogacía. Lo que tiene muy bueno es la celeridad. Además te designan en forma inmediata, de acuerdo a orden de mérito. Acá que soy hijo de este Consejo, destaco la transparencia que da la evaluación anónima y que la entrevista no es discrecional, se respeta orden de mérito de las ternas. Lo único criticable que encuentro es que llevamos 4 años y no se resuelve este concurso”, remarcó.

María Clara Mondragón Pafundi, coincidió con el resto de concursantes sobre la elongación de los plazos concursales. “Estuvo la pandemia en el medio y el examen escrito se postergó, pero he participado de otros concursos y los tiempos se elongan en dos o tres años. Tiene que ver con los recursos y el personal, pero se pueden mejorar los tiempos”, consideró.

Maximiliano Otto Larocca Rees. “El único problema del servicio de justicia es la celeridad de trámite, hay un cuello de botella entre la elevación de causas y realización de juicio. No tienen la culpa ni los vocales, hay que buscar la forma de coordinar con actores para tratar de optimizar esta situación, acortar los tiempos en realización de juicios”.

Pablo Jorge Garrera Allende contó que en 2008 lo convocó el actual vocal del STJ, Martín Carbonell para ser su secretario. “Me dediqué con mayor ahínco a la Justicia Penal, con el tiempo adquirí motivación, fui secretario de Instrucción. Luego me convocó el defensor General Maximiliano Benítez, luego de cinco o seis años me convocaron como juez de garantías. Titularicé como agente fiscal y ocupé un cargo hasta que surgió esta posibilidad”.

“Al Consejo de la Magistratura lo aplaudo, lo festejo, es una institución que brinda legalidad y legitimidad. Soy agradecido del Consejo por estas razones. Como cuestión a mejorar coincidimos en los plazos, que se alonguen tanto los tiempos podría mejorarse. Una vez iniciado el concurso, sería una buena discusión plantear posibilidad de acortar los plazos”, agregó.

Germán Darío César Dri, fue el último. Es juez de Garantías en Chajarí. Refirió a “tratar de achicar los tiempos y procurar recursos para agilizar”. “Hay mucho trabajo y tareas por realizar, hay que profundizar en los recursos humanos, brindar respuestas rápidas, que los juicios sean rápidos, es una garantía para los enjuiciados, una manda constitucional y lo que reclama la gente”.

Tomaron estado parlamentario ocho pliegos para cargos en tribunales de Paraná y Concordia