El 8 de febrero de 2024, el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales José Emiliano Arias y Daniela Montangie, dio inicio a una investigación de oficio, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito en la contratación de un asesor de seguros en la Municipalidad de Concordia.

Si bien no han trascendido detalles de los avances de la investigación, se supo que fiscalía ordenó diferentes medidas probatorias, entre ellas la requisa al teléfono del asesor contratado, Ignacio Caprarulo.

La causa judicial no sólo puso la lupa en una contratación “ad honorem” de Caprarulo efectuada a principios de este año por el actual intendente, Francisco Azcué, anulada pocas semanas después, sino también sobre contratos pactados durante la administración municipal que encabezó el exintendente y actual diputado provincial en uso de licencia, Enrique Tomás Cresto.

Según revelaron los abogados defensores de Cresto, María de los Ángeles Petit y Matías Lladós, el exintendente “se presentó espontáneamente ante la Fiscalía, ante los rumores y publicaciones así como declaraciones del actual intendente Francisco Azcué y sus funcionarios de que existían denuncias e investigaciones en su contra, poniéndose a disposición del Ministerio Público Fiscal, porque es evidente –sostuvieron- el objetivo político de poner en duda la honestidad y la transparencia de la gestión que encabezó. Es decir, por parte de Cresto no existe temor a que se investigue, pero quien lo haga debe tener la suficiente imparcialidad, para no direccionar esa investigación”, añadieron.

Petit y Llados plantearon la recusación de José Arias, tomando como antecedente sentencias penales de 2019, que ya habían apartado al fiscal en otra causa en la que Cresto fue imputado y que terminó archivada.

El planteo recusatorio efectuado por Petit y Lladós endilga también a Arias haber violado “garantías constitucionales del exintendente”, a la par que atribuye al fiscal una “marcada posición ideológica que ha sido constantemente pregonada por el fiscal en su búsqueda para acceder a la Fiscalía Anticorrupción”.

“Arias tiene una posición marcadamente antiperonista, y así lo ha proclamado, acusando y recusando a los 9 jueces del STJER. Además, ha sido denunciado por el Presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por sus términos ofensivos contra el Consejo de la Magistratura. Esta posición le quita la parcialidad objetiva que se requiere para ser fiscal en una causa que inicia por oficio, es decir, por su propia decisión. Arias elige la causa y elige a Cresto, una vez más, como su objetivo político para trascender”, afirmaron los profesionales a cargo de la defensa.

“Las sentencias que apartaron de la causa a Arias en el año 2019 fueron en dos instancias y marcaron jurisprudencia en cuanto que se reconoció que la potestad de analizar las recusaciones son competencias del Juez de Garantías en primera instancia y no del Procurador General, como lo pretenden los Fiscales, basados en una Ley de Ministerio Publico Fiscal que hay que revisar para no dejar que sigan abriéndose causas que no tienen fundamentos, por lo que no estamos basándonos en supuestos sino en hechos ya comprobados”, destacaron Petit y Llados.

Cresto lleva a Caminal a la Justicia

Los abogados de Cresto también anunciaron que demandarán al jefe de Gabinete, Eduardo Caminal, por daños y perjuicios, por “las constantes declaraciones públicas de denuncias, investigaciones y dichos sobre la ex gestión, de la que Cresto era el representante legal y se ve directamente atacado y agraviado”.

“La paciencia ante los ataques verborrágico de Caminal tiene un límite. Habla, acusa, siembra dudas y sospechas; pero no va más allá de algún titular en los diarios”, dijeron.

“Ya pasó un tiempo prudencial para que la nueva gestión asuma su rol y ejerza plenamente el gobierno, enfocándose en dar respuestas a los reclamos de los vecinos y cumpliendo con el deber de gobernar. Es momento de ponerle un punto final a la “caza de brujas” contra los exfuncionarios políticos y a las persecuciones contra el personal municipal”, explicaron.

“El objetivo de Cresto es solicitar una indemnización por los daños y perjuicios a su imagen y a la de la gestión de la Municipalidad en el periodo 2015/2023 por una suma que será donada a las instituciones de Concordia, para que puedan continuar con su trabajo de servicios y de contención social a los sectores más vulnerables que hoy son totalmente desconocidos y olvidados por la política actual”, adelantaron los letrados.

Fuente: Diario El Sol y El Entre Ríos.