Hace casi dos meses, el gobierno tomó el control -por al menos un año- de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la vía navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80% del comercio exterior argentino. Ahora, tal como estaba previsto, y a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, el cual se define como “un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte”. Según explican, además, tiene “personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”.

Tal como señalan en el Decreto 556/2021, firmado por Alberto Fernández y sus ministros, esta entidad tendrá “la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional, y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios”. De esta manera, estará abocada “al desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, y de aquellos sectores que el Poder Ejecutivo Nacional le asigne en el futuro”.

Además, en el documento se detalla que el Consejo Directivo que conducirá al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable estará integrado por 15 miembros: un presidente, tres vicepresidentes y 11 vocales. El presidente -que ejercerá la representación legal y la administración del organismo- será elegido por Fernández, mientras que el resto surgirá a partir de propuestas hechas por los ministerios de Transporte (el vicepresidente 1° y dos vocales), del Interior (el vicepresidente 2° y un vocal) y de Desarrollo Productivo (el vicepresidente 1° y un vocal), y sugerencias de cada una de las provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía (los siete vocales restantes).

“La elevación de propuestas de designación de las y los miembros del Consejo Directivo al Poder Ejecutivo Nacional deberá incluir alternativas al efecto de que la composición de aquel pueda ajustarse a la paridad de género”, aclaran. Por otro lado, según se dispuso, este organismo tendrá una Comisión Asesora, cuyos miembros tendrán carácter “ad honorem”.

El ente tendrá su sede en la ciudad de Rosario, y deberá cumplir múltiples tareas, entre las que figuran: “Controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marco contractual y regulatorio relativo a los contratos de concesión bajo el ámbito de competencia del organismo y aplicar las medidas y/o sanciones administrativas correspondientes a su incumplimiento” y “confeccionar y aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros, los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables sujetas a su jurisdicción”. Sobre esto, añaden: “En los pliegos relativos a las concesiones de obra por peaje se deberá establecer que se abonará al adjudicatario o a los adjudicatarios los valores correspondientes de conformidad con lo que se establezca en los pliegos de bases y condiciones”.

Sumado a esto, en uno de los artículos señalan: “Las tarifas y/o peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas sobre la vía navegable sujeta a la jurisdicción del Ente Nacional de Control y Gestión serán percibidos por el Ente por cuenta y orden de los concesionarios y remitidas a estos, previa detracción de los montos que correspondan, de conformidad con los términos contractuales y normas que rijan tales concesiones”.

Esta cuestión es de gran importancia dado que, a partir del 13 de septiembre, el gobierno, cobrará el peaje de la Hidrovía por lo menos durante los próximos 12 meses. Por ahí se movilizan alrededor de dos tercios del total de las exportaciones argentinas, unos US$43.000 millones por año.

Desde 1995 la vía navegable estaba concesionada a Hidrovía SA, a través de un régimen que contemplaba el cobro del canon por parte de los privados. Está integrada por la compañía de dragado belga Jan de Nul y la argentina Emepa, esta última denunciante en “la causa de los cuadernos”, informó La Nación.

Desde que el gobierno le cedió el manejo a la Administración General de Puertos, se sabía que el oficialismo preparaba un decreto para establecer la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país. Además, se esperaba que, tras ello, se inicie el proceso de licitación para redefinir el control de la Hidrovía.

De esta manera, en el decreto explican: “En atención a la finalización del contrato de concesión sobre la vía navegable troncal, y en función del inicio de los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable, resulta imprescindible crear un organismo técnico, plural y especializado para la aprobación de la documentación licitatoria, efectuar los actos preparatorios, su adjudicación y posterior control”.