La ANSeS le otorgó una pensión honorífica por 7 millones de pesos al ex presidentes Alberto Fernández, en tiempo récord, y desde la oposición salieron a criticar la medida. La medida fue tomada por el interventor de la ANSeS, Mariano De Los Heros, confirmaron voceros del Gobierno de Javier Milei.

El ex presidente había pedido en enero la pensión honorífica que le corresponde como ex presidente porque había dicho, desde España, que no le alcanzan sus ingresos para vivir, tal como reveló Clarín.

Si se le suman los ingresos de enero, el ex presidente debería cobrar 14 millones de pesos por enero y febrero en forma retroactiva.

La diputada Graciela Ocaña se opuso a la medida porque “Alberto Fernández debe acreditar que reside en la Argentina”, según la ley 24.018 sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menen.

Ocaña es la misma diputada que tiene un recurso ante la Corte para que se derogue las dos pensiones honoríficas que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de un polémico trámite administrativo y juicio, por un valor total de más de 14 millones de pesos.

Clarín había adelantado en exclusiva en enero que el ex presidente del gobierno del Frente de Todos había empezado el trámite jubilatorio.

En una carta dirigida a la ANSES Ocaña, María Sol Mendez y Sebastián Nagata, Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habían pedido que se anule el pedido Alberto Fernández para el cobro de la asignación mensual vitalicia para Presidente regulada en la ley 24.018.

“Fernández, quien se encuentra actualmente en España y es evidente que no va a residir en nuestro país, estaría por solicitar el cobro de la jubilación de privilegio por haber sido Presidente, para así poder eludir los cambios que está debatiendo el Congreso en el régimen de jubilaciones de privilegio”, afirmaron.

"Nuestro país está inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia, que el nuevo Gobierno intenta afrontar mediante el dictado de un mega Decreto de Necesidad y Urgencia y una ley Ómnibus que modifican cientos de leyes", subrayaron en una carta.

“Los jubilados, gracias a las reformas efectuadas durante el Gobierno de Fernández, son los más afectados por esta crisis económica. La gestión anterior convirtió a los jubilados de la Argentina en los nuevos indigentes”, agregaron.

“Es insoslayable que el ex Presidente Alberto Fernández ha manifestado en diversas ocasiones y medios de comunicación que una vez finalizado su mandato se radicaría en España”, subrayaron.

Para los legisladores que el ex presidente mude su residencia a otro país, “lo torna incompatible con el requisito establecido en el Art. 5 de la Ley 24.018 cuando establece: que para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país", sostuvieron.

Con respecto a la situación de la residencia en el extranjero del ex presidente y las disposiciones del artículo 5° “consideramos que Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitoria”.

A modo de ejemplo, y por considerar que resulta analógicamente aplicable al caso, nos referiremos a las disposiciones del Decreto 2234/79.

Esta norma en su artículo 1° dispone que los titulares de pensión o jubilación o derecho a sueldo de retiro en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, quedan sujetos a la presente reglamentación en cuanto sus viajes fueran fuera del Territorio Nacional:

La ausencia del país por un período inferior a los sesenta días no requerirá autorización alguna.

Pero cuando el traslado al extranjero exceda ese lapso y alcance hasta un año no requerirá autorización previa, debiendo comunicar tal situación por nota a la autoridad de la Caja, con una antelación de treinta (30) días a su partida y probable regreso.

En el supuesto que la ausencia excediera el año, deberá pedirse autorización de modo fundado, que será resuelto por la autoridad superior de la Caja, dice el decreto citado por los legisladores.

“El slogan de campaña del actual gobierno fue terminar con la casta política que tanto daño le hizo a nuestro país”, agregaron.

De concederle “a Alberto Fernández una jubilación de privilegio de más de 7 millones de pesos, no solo resentiría las arcas del ANSES -afectando así, a los casi 9 millones de jubilados que tiene el sistema y que más de la mitad cobran la jubilación mínima de poco más de 200 mil pesos-, sino que sería una burla para todos los argentinos y en especial aquellos que votaron para terminar con los privilegios de la casta política”.

Asimismo,” consideramos que la jubilación de privilegio que pretende el ex presidente Fernández debería ser denegada por no reunir las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio. No hace falta indagar profundamente para descubrir que el ex presidente deja la gestión con decenas de denuncias penales en su contra”.