Por Juan Cruz Butvilofsky 

De ANÁLISIS

La sentencia contra Sergio Varisco y compañía fue histórica. A diferencia de lo ocurrido en Itatí (Corrientes) en donde se juzgó en un abreviado al exintendente Natividad "Roger" Terán, en Paraná se juzgó y condenó mediante un juicio oral que duró más de tres meses a un exintendente y dos dirigentes de su entorno por las vinculaciones con la banda de narcotraficantes liderada por Daniel Tavi Celis.

Celis no era un puntero de barrio. Quedó comprobado que se trataba del principal distribuidor de droga en la capital provincial y alrededores. Había construido un poder territorial haciendo base en la zona oeste de Paraná, en su propia casa, donde todos los vecinos sabían que era lo que pasaba detrás de la carnicería y verdulería que se mostraba al barrio.

Como suele ocurrir en las series de Netflix (y en la historia real del crimen narco) los líderes que se dedican al comercio clandestino de estupefacientes requieren de sustentar su poder territorial con actividades lícitas que justifiquen su manejo. En este caso, Celis creó el Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO) con el objetivo de legitimar su accionar y como instrumento para conquistar poder dentro del Estado.

En ese contexto y más allá de las pruebas que derivaron en condena, un acuerdo entre un partido político y el MVO era un acuerdo narco. Que quede claro, un acuerdo político con un movimiento creado y liderado por un narcotraficante, es un acuerdo narco. Pero esto no se trata de quedarnos sólo en eso. Si hay algo que quedó demostrado durante esta (y otras investigaciones) es la trama compleja de vinculación entre los partidos tradicionales, representantes del Estado y el tráfico ilegal de droga.

“No somos los únicos que tenemos fotos con Celis”. Incluso si la defensa esgrimida por el varisquismo, respecto a que no fueron los primeros en contactar a Celis o la existencia de acuerdos entre otros partidos políticos y otros referentes de la narcocriminalidad, lejos está esto de ser una muestra de sanidad para el pueblo. Es peor aún la cosa. Son muchas más los representantes políticos que tranzan, acuerdan, se vinculan y negocian con criminales que ponen en constante riesgo y le hacen un profundo daño a la ciudadanía. Es una trama compleja a la que no siempre llega la Justicia.

Este entramado y la historia reciente de la política criminal argentina son muestra de que este paradigma de “guerra contra las drogas” no va más. Políticos, policías, sindicalistas (no todos, obviamente) y otros referentes de la cosa pública forman parte de la estructura que sostiene el poder del narcotráfico.

La ley 23.737 no sirve para intervenir en la realidad. Al menos no sirve para los propósitos que dice tener, es decir, combatir el narcotráfico. En esto coincidieron los tres periodistas especialistas en la materia en la última charla organizada por ANÁLISIS y Canal 9 Litoral. Mauro Federico, Germán De los Santos y Hernán Lescano coincidieron con matices en que hay que rediscutir el marco normativo que regula la política criminal.

Ni más policías, ni más gendarmes, ni más leyes como la de narcomenudeo, ni más presupuesto en represión ni nada que le otorgue más poder al Código Penal van a servir para combatir el narcotráfico. Es una cuestión de la perspectiva con la que se aborda. De esto dan cuenta exfuncionarios políticos de Brasil, México, Estados Unidos y Colombia, reflexionando sobre el fracaso de la guerra contra las drogas iniciadas en Norteamérica en la década del 60. El documental se llama Breaking the Taboo.

El aumento al aparato represivo sólo criminaliza a los pobres, a los que padecen un consumo problemático y deja intacto a los criminales. A lo sumo quienes son eslabones últimos de la cadena tendrán la mala suerte de ser descartables pero el corazón del crimen no se toca. De esto hay excepciones, como la investigación que desbarató la banda de Celis y a quienes proveía. Sin embargo, sin Celis en el mercado, el negocio continúa porque la reproducción del poder criminal va a velocidades que no se comparan con las investigaciones de los funcionarios honestos.

Es por esto que es necesario el cambio de paradigma. Las drogas existieron desde que existe la humanidad en todas sus vertientes culturales. Hubo, hay y habrá diversos usos de drogas que van desde lo espiritual y la salud llegando hasta el ocio. El prohibicionismo no tiene sentido, no se puede prohibir la historia y como bien se sabe, la legalidad es una cuestión de poder coyuntural. Tenemos que ir hacia la legalización.

Legalizar no implica aumentar el consumo

Así como no se divorciaron más personas, así como no es que se “convirtieron” en homosexuales más personas, así como no abortarán más mujeres cuando sea ley, no es que habrá más consumidores si se legalizan las drogas. Lo que ocurre con las legalizaciones es que lo que ya existe pasa a ser visible, cuantificable, controlable. Lo que también ocurre es que se garantizan derechos de las personas, lo que no es poca cosa.

Es necesario explicar porque no hay que diferenciar la marihuana de las denominadas drogas duras. Se trata de una cuestión conceptual que impide que pueda haber una política distinta para una misma problemática. Si es legal, no habrá nada que comercializar de manera clandestina. Para esto es necesario que se discuta y se construya un marco normativo consistente, que ponga al Estado en de cada una de las etapas: producción, distribución, control y comercialización. No se trata de una ley boba.

Por supuesto que el consumo de drogas no es algo que el Estado deba promover pero es necesario entender que el prohibicionismo no ha impedido que todo esto ocurra y es necesario que la ley se ponga de frente a la realidad y deje de darle la espalda. Mientras tanto los criminales aprovechan esa situación y cuentan con el apoyo de agentes del Estado para sus negociados.

La legalización permitiría saber quién produce, qué se produce, dónde se produce, cuánto se produce, cuanto se gana con la comercialización, pagarán impuestos por sus actividades. 

“La marihuana es el primer paso a otras drogas”, es un mito que hay que derrumbar. Antes de un porro siempre hubo una cerveza o un cigarrillo y por eso no vamos a prohibirlos. De hecho, el devenir de la Ley Seca de Estados Unidos es un buen ejemplo para mostrar las deficiencias del prohibicionismo.

Desde ya que existen los consumos problemáticos (adicciones desde el viejo paradigma de salud mental) y que el Estado debe brindar las herramientas necesarias a los consumidores y sus familiares. Hasta el momento, el Estado le tira con el Código Penal por la cabeza. Es necesario que se priorice una perspectiva de Salud Mental en el marco de la legalización para que el Estado detecte cuántos y cuáles son los consumos problemáticos para poder abordarlos desde la salud.

Por fuera de estos consumos problemáticos están aquellas personas que consumen sin que esto afecte a terceros. Esto está regulado por la Constitución Nacional en su artículo Nº19 y debe haber un marco normativo –alineado con la jurisprudencia de la Corte Suprema- acorde a este derecho constitucional: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Incluso, a quienes consumen sin afectar a terceros se los obliga a vincularse con el narcotráfico. Por ejemplo, quien consume marihuana debe ir a comprarle al puntero en lugar de poder cultivar su propia planta.

Algunos dicen que esta perspectiva es clasemediera, que en los barrios la droga hace estragos. Otro mito a derrumbar: el sistema desigual y el narcotráfico son los que hacen estragos con nuestres pibes. Es el capitalismo el que crea condiciones de pobreza y desigualdad y es el narcotráfico el que se aprovecha de esa vulnerabilidad para usarlos a su beneficio.

Es tiempo que vayamos comprendiendo que el prohibicionismo oculta y permite, mientras que la legalización nos muestra y controla. A mayor información, más facilidades para combatir los flagelos. El resto deberá ser tarea del acceso a la educación y a condiciones de dignidad.

Reducción de daños

Intentaré explicar porque es necesario un abordaje que incluya pero exceda a la marihuana. Primero, sería un acto de honestidad con nosotros mismos: por ejemplo, el consumo de cocaína es bastante habitual en los espacios de poder y sin que esto implique un problema que afecte a terceros, es una lógica hipócrita la que le permite a los poderosos comprar su buena cocaína a domicilio mientras que en el barrio los pibes se deben conformar con la pasta base, el paco y las porquerías que desecha la producción para el consumo de los más pudientes.

Pero el ejemplo que traigo a consideración es el consumo del éxtasis y su esencia el MD-MA. Claro está, este ejemplo está vinculado con las fiestas electrónicas, un movimiento cultural mundial que está en boga en nuestra región durante los últimos años.

El prohibicionismo no ha permitido que no se consuma, eso está más que claro. Es materialmente imposible impedir el acceso a las pastillas. Mientras tanto, lo peligroso pasa a ser la desinformación como pasó en Time Warp que nos dejó con 5 pibes muertos. Allí el Estado no estuvo y no estuvo porque está limitado por sus propias leyes.

Un privado que hacía negocios millonarios a costa de la salud de les pibes, narcotraficantes que se aprovechaban de su clandestinidad para vender pastillas de baja calidad y la ausencia de un centro de reducción de daños en el lugar fueron el combo mortal. El Estado llegó después, cuando ya era tarde. La respuesta fue estigmatizar a muchos jóvenes, aumentar el aparato represivo y el prohibicionismo: el resultado fue el mismo, se siguen dando las condiciones para que aparezca una nueva noche trágica como aquella del 15 de abril del 2016.

¿Qué es la reducción de daños? En los países desarrollados –aquellos que miramos siempre que nos convenga según nuestra ideología- se viene dando una política honesta que se basa en prevenir y reducir los riesgos del consumo. Se parte de la base de que no es posible impedir que las personas consuman y se busca garantizar que lo hagan en las mejores condiciones posibles.

Un puesto interdisciplinario (salud, educación y ciencia) ubicado en un evento de estas características permitiría a los consumidores asistir a dicho stand y hacer que la droga que van a consumir sea analizada. De ese modo, se conoce cuál es la composición de la misma y se puede saber cuál es una dosis letal. Además, se puede difundir los riesgos de consumir o de mezclar el consumo de anfetaminas con alcohol. Información es prevención. Esto es bien distinto al paradigma actual en el cual se obliga al consumidor a esconderse para consumir en la clandestinidad.

Conclusiones finales

Si hay algo que queda claro es que el modelo actual fracasó. Estamos llenos de camioneros detenidos por trasladar la droga que sus jefes siguieron trasladando tras su detención. Estamos llenos de pibes que vendían para pagar su consumo y terminan presos mientras los que los abastecían encontraron otros pibes para el expendio. Estamos llenos de avances punitivos del Estado contra personas que no afectan a tercero en su decisión de consumir. Estamos llenos de muertos inocentes en medio de balaceras que defienden su poder territorial. Estamos llenos de emprendimientos millonarios financiados por los narcos mientras el cuerpo lo ponen sus soldaditos en los barrios. Estamos llenos de políticos y empresarios garantes y financistas de la narcocriminalidad.

El nuevo gobierno deslizó la posibilidad de abrir esta discusión con el puntapié que significa debatir el marco normativo de la marihuana. Quizá sea la oportunidad de dar vuelta lo actual y abordar una problemática a la cual el Estado no ha sabido combatir.

Es necesario para que haya un Nunca más de las vinculaciones del Estado con los narcos. Por algo no se ha discutido todo esto hasta ahora.