El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que propone crear un régimen de integración social y urbana de los barrios populares o villas y asentamientos informales.

La iniciativa plantea definir como "integración social y urbana de barrios populares» al conjunto de acciones que procuren la construcción, mejora y ampliación de viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios públicos, el tratamiento de los espacios verdes, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento ambiental, la mejora de las condiciones de seguridad, el fortalecimiento de las actividades económicas en los barrios, la integración en la trama urbana, el dimensionamiento parcelario y la regularización dominial".

Artusi propone en su proyecto la creación a tal efecto del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Poder Ejecutivo, que debería, entre otras acciones, promover, en cooperación con organismos públicos competentes a nivel nacional, provincial y municipal, la implementación de proyectos integrales de desarrollo humano en los barrios populares, que articulen las mejoras en las condiciones del hábitat con acciones de promoción del empleo, el acceso a la educación y la salud pública, la integración comunitaria y la seguridad ciudadana.

Al fundamentar el texto, el diputado sostuvo, después de recordar que el Registro Nacional de Barrios Populares relevó 167 villas y asentamientos en nuestra provincia: "Durante décadas, la falta de mecanismos que garanticen a los sectores populares más vulnerables el acceso al derecho a la vivienda desencadenó, como en buena parte de América Latina, un proceso de urbanización informal, caracterizado por la construcción social del hábitat de manera irregular, en predios de propiedad tanto privada como fiscal, ocupados al margen de las normas estatales y de las políticas públicas. Incluso desconocido en cuanto a su magnitud por parte de los organismos del Estado. Las condiciones de habitabilidad de estos asentamientos y sus viviendas, si bien en el marco de una cierta heterogenidad, se caracterizaron por la precariedad de las viviendas, la falta de títulos de propiedad del suelo, la carencia de servicios públicos básicos y equipamiento comunitario; y, en general, condiciones de vulnerabilidad social que en interacción con los déficits habitacionales han configurado un círculo vicioso que algunos autores han denominado el ciclo de la reproducción del hábitat de la pobreza".

“Estimamos que resulta menester contar con herramientas específicas para el abordaje de la problemática de las villas y asentamientos, a los efectos de no demorar la creación de políticas públicas que puedan comenzar a brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes, integrar estos barrios a la ciudad en su conjunto, y evitar en el futuro la persistencia de la generación de asentamientos informales urbanos", enfatizó.

Finalmente, señaló: "Necesitamos un Estado provincial activo, que deje de ignorar la problemática de los barrios populares y que ponga en marcha políticas públicas eficaces para integrarlos a las ciudades, en beneficio de sus pobladores pero también de la sociedad en su conjunto".