El oficial principal retirado de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Raffo, llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su reclamo para que se permita a los miembros de la fuerza estar sindicalizados.

El 30 de diciembre de 2020, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les rechazó esa posibilidad. El pronunciamiento del máximo tribunal federal sostuvo que “la prohibición de asociarse con fines gremiales es aplicable tanto al personal policial como al personal penitenciario según el derecho vigente en la Provincia de Entre Ríos. Por consiguiente, sin perjuicio de que dicha normativa pueda modificarse o derogarse en el futuro, la peticionante no puede constituirse hoy como una entidad sindical”.

La insistencia de Raffo por conseguir la agremiación de los policías -lideró la Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler)- derivó en una sanción por parte del Poder Ejecutivo. En efecto, el Gobierno dispuso la “destitución por cesantía” del oficial principal retirado Ricardo Alfredo Raffo como corolario de una serie de acciones que fueron juzgadas como “quebrantamiento del orden policial”.

Según el decreto Nº 4.538, dictado el 19 de diciembre de 2022 y publicado el martes 30 de mayo último en el Boletín Oficial, a Raffo le habían iniciado un sumario a partir de actuaciones administrativas impulsadas desde la Dirección Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos en las que se le imputó “el quebrantamiento del orden policial, sin preservar el deber de respeto por las jerarquías como pilar básico de la Policía de Entre Ríos, al realizar severas acusaciones contra el señor Jefe de Policía (Gustavo Maslein), solicitando su renuncia y la de la señora Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia (Rosario Romero)”.

El reproche hacia Raffo proviene de su actuación desde el sindicato de policías, Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler), y “en una carta abierta” difundida por medios digitales en octubre y noviembre de 2020, y la convocatoria “a una marcha pública exigiendo la renuncia de los funcionarios antes mencionados”.

Ahora, Raffo se metió en la polémica que se generó a partir del video difundido por el sargento primero Miguel Ángel Campagnoni Romero, que se desempeña en la Comisaría 8ª, que denunció situaciones de “humillación” dentro de la fuerza y cargó contra el sistema de licencias y regulación de los permisos por enfermedad entre los policías.

“A mí no me llama la atención, no me sorprenden esas declaraciones. Es lo que denunciamos desde el sindicato. Lo que me sorprende es que no han cambiado, todo sigue igual. Más allá de las declaraciones del jefe de Policía, hay cosas que no han cambiado”, dijo Raffo, en declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).

Al respecto, planteó que “uno a veces entiende que, por ahí, por cuestiones de organización se establezca un límite para sacar vacaciones, pero por situaciones extraordinarias. Pero no es así. En la generalidad de los casos, el jefe decide cuándo otorgar la licencia”.

-¿Cuál es su situación en la fuerza?

-En este momento, no pertenezco más a la Policía porque fui cesanteado estando retirado. Es un caso atípico. No me destituyen de la policía por un delito cometido en actividad. Cumplí con mi carrera policial, pasé a retiro sin nada que objetarme. Luego, por un reclamo de 2020 por mejoras salariales, que fuimos más de 200 policías a Casa de Gobierno, me identificaron a mí y me destituyeron.

-Usted pidió las renuncias de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y del jefe de Policía, Gustavo Maslein.

-Así es. Y lo sigo sosteniendo. No es problema de esta gestión, es de todos los gobiernos, que ponen por encima de la Constitución el Reglamento de la Policía.

-Maslein dejó entrever que detrás del reclamo de Campagnoni Romero está usted. ¿Qué responde?

-A este chico Campagnoni Romero no lo conocía. Lo conocí estos días después que vi el video que hizo.  Al lado de mi casa, hay un supermercado chino que tiene policías adicionales. Lo conocí al muchacho por el video. Antes no lo conocía.

-¿Qué pasó con el reclamo por la sindicalización de la Policía?

-Llegamos hasta la Corte. En diciembre de 2020, la Corte dijo que el decreto 5.654, que es el Reglamento de la Policía,  no permite que los policía nos asociemos gremialmente. Pero dijo también que eso depende de la legislación provincial. Se podría presentar un proyecto de sindicalización.

-¿Hay antecedentes de sindicalización de la policía?

-En otros países, sí. En Uruguay, en Brasil, los policías están sindicalizados. En Chile están sindicalizados los penitenciarios. Acá la Corte hizo una interpretación forzada. Se basaron en  disposiciones disciplinarias para decir que no tenemos derechos. El Reglamento de la Policía es de 197. En estos 40 años de democracia los derechos no han llegado a la Policía. De todos modos, desde 2020, cuando fue la última acción sindical, me aparté de todo. Ya directamente no ejecuto ninguna acción sindical.  Estoy a la espera de que eso cambie. Y sigo trabajando en eso. Hace un par de semanas, hice una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  exponiendo el caso de la provincia para que se analice la situación y se imponga la obligación de reconocer derechos.