La elección de la senadora provincial Patricia Díaz (PJ) como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, el organismo encargado de juzgar el comportamiento de los funcionarios judiciales, sigue generando polémica. A la inquietud planteada públicamente por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se sumó ahora la «preocupación» de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

El principal reproche que se hace a la elección de la senadora Díaz como máxima cabeza del Jury es su situación judicial: junto a su esposo, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, tienen abierta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Rossi, además, tiene pendiente el inicio de un proceso en su contra por supuesto pago de sobreprecio en una obra de pavimentación, publicó Entre Ríos Ahora.

Con la firma de la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, el tema llegó a manos del gobernador Rogelio Frigerio; la vicegobernadora, Alicia Aluani; el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y la titular del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón. Se trata de las entidades y organismos que tienen representación en el Jurado de Enjuiciamiento.

El texto hace conocer la «preocupación respecto de la elección como Presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos de una persona que actualmente se encuentra personal y familiarmente comprometida en causas penales en trámite por presuntos delitos contra la administración pública».

«La concomitancia entre las investigaciones y juicios a los que están sujetos tanto la actual Presidenta del Jury entrerriano, como miembros de su familia más directa, y su función de investigar y juzgar a los y las miembros del Poder Judicial y Ministerios Públicos, resulta incompatible con los principios más elementales sobre Independencia Judicial, como garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados», señala el texto.

Y agrega: «El mensaje al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos tampoco es sutil, y se los expone a una presión indebida en el ejercicio de sus funciones constitucionales, lo que compromete la vigilancia activa de esta Federación».