La instrumentación de las medidas para combatir la inflación, empezaron a tomar forma este fin de semana, con el anuncio de la creación de un Fondo Estabilizador Temporario del trigo argentino, que intentará compensar a la molinería para evitar el traslado a los precios internos de la suba del grano en los mercados internacionales.

Por otro lado, se dispuso que tal Fondo se financiará con la suba temporal de dos puntos en las retenciones a la exportación de dos derivados de la soja: la harina y el aceite.

Estos subproductos representan más del 90 por ciento de las exportaciones del complejo sojero, que en 2021 totalizó ventas al exterior por más de U$S 23.800 millones. Es un sector altamente concentrado compuesto por apenas once empresas, de las cuales ocho representan el 95 por ciento de su facturación total. La cámara que las agrupa, CIARA, ya rechazó la medida y amenaza con accionar judicialmente contra la resolución oficial.

El Gobierno Nacional dispuso, mediante el Decreto 131/2022, restablecer hasta fin de año el 33 por ciento los derechos de exportación (retenciones) que recaen sobre el aceite y la harina de soja, niveles que estaban vigentes hasta el 4 de marzo de 2020. Ello supone un aumento de dos puntos sobre su nivel actual (31 por ciento). La recaudación resultante (estimada entre 350 y 400 millones de dólares durante el año) se destinará a la creación de un Fondo Estabilizador del valor del trigo para el mercado local, publicó el diario Página/12.

Según señaló Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Ganadería, en conferencia de prensa, “a los productores de soja no los afectará esta medida, porque el exportador ya le descuenta el 33 por ciento del precio del poroto por retenciones; pero sí alcanzará a los exportadores de subproductos de la soja (aceite y harina), rubro en el cual ocho empresas representan el 95 por ciento de las ventas al exterior”.

Este impacto sobre los grandes exportadores, ocho de los cuales en consecuencia aportarían una cifra superior a los U$S 350 millones para constituir el fondo compensador del trigo, provocó la reacción en contra de la entidad que los representa. CIARA, la cámara de la industria aceitera, rechazó la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja y acusó a la medida de “atentar contra la industrialización de la soja en el país”.

El aceite y la harina de soja no son bienes vinculados a la alimentación argentina, sino que se exportan casi en la totalidad de su producción. La suba en las retenciones no es para bajar su precio interno, sino para recaudar y poder constituir el Fondo Estabilizador para el trigo. El pan, los fideos y la harina para uso doméstico, que derivan del trigo, sí son productos de consumo social y su afectación por el alza de los precios internacionales preocupa, y mucho.

“La instrumentación y administración de este Fondo quedará exclusivamente a cargo de la Secretaria de Comercio Interior”, subrayó este sábado Domínguez al reunir a la prensa en su ministerio. Es decir, será Roberto Feletti quien ejecute la distribución de ese fondo para que la harina llegue a las panaderías y a la industria alimenticia a los valores vigentes al inicio del conflicto bélico en Europa del Este.

Así lo transmitió el ministro de Agricultura y Ganadería: “El Presidente me encomendó instrumentar las medidas necesarias para estabilizar el precio interno del trigo a niveles pre-bélicos, desacoplándolos de los internacionales con el objetivo fundamental de defender a los consumidores sin perjudicar a los productores”.

Domínguez remarcó en varios pasajes de su alocución esa intención de “no perjudicar a los productores”.

“Haremos todos los esfuerzos en este sentido, de no matar a la gallina de los huevos de oro en este negocio, que es el productor”, dijo, subrayando que no es la producción la beneficiaria de este salto en el precio internacional de los granos.

“El productor argentino no captó el precio bélico de los granos”, dijo Domínguez, sugiriendo que la trepada en el precio de la harina de trigo (hubo molinos que duplicaron el precio de la bolsa de calidad 0000 en treinta días) quedó en manos del complejo industrial exportador, que ya había comprado el grano al productor cuando comenzó el ciclo alcista, publicó el diario Página/12.

“También hemos decidido, con el propósito que el productor pueda captar los precios internacionales, abrir los registros de exportación de la cosecha 2022/23 de trigo por ocho millones de toneladas, que se suman a los dos millones de toneladas ya autorizadas”, anunció el ministro.

De este modo, los productores podrían vender granos con compromiso de entrega en fecha futura, fijando el precio hoy y en relación a los valores actuales del mercado. Con lo cual se beneficiarían de un precio elevado por su producción de la futura cosecha, que pagarían los exportadores. A su vez, los exportadores quedarían obligados a liquidar las retenciones a los cinco días de registrada la exportación, con lo cual beneficiarían al fisco con un ingreso anticipado del tributo.

La industria aceitera exportadora respondió con acidez a la medida que le impondrá un aporte a la formación del fideicomiso del trigo con dinero de su propio bolsillo. “La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”, sostuvo CIARA en su comunicado. “Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto. Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos”, define.

Es la segunda vez en una semana que el Ministerio de Agricultura y Ganadería confronta con los sectores más concentrados del negocio agroexportador. A mediados de semana fue con el Consorcio ABC de frigoríficos exportadores, que amagó bajarse de la venta al mercado interno de los cortes vacunos populares a precio reducido, porque el gobierno no cedió a restringirle las ventas al exterior al resto de la industria, como habían solicitado. Ahora, con las cerealeras. La colisión con los sectores más concentrados del negocio es inevitable si el Estado pretende conservar algún resorte, al menos, en materia de la formación de precios de los alimentos.

Las once empresas que pagarían las retenciones

Fuentes del Ministerio de Agricultura detallaron a la agencia periodística Noticias Argentinas que las empresas afectadas por la medida son la canadiense Viterra (Oleaginosas Moreno), que exporta el 25 por ciento del total; la estadounidense Cargill, con el 14 por ciento; y Molinos Agro, con el 14 por ciento.

También con el 14 por ciento de la participación se ubica Aceitera General Deheza; seguida por el holding estatal chino Cofco (China National Cereals, Oil & Foodstuffs), con el 11 por ciento; la francesa Louis Dreyfus Commodities, con el 6 por ciento; y la estadounidense Bunge, con el 5 por ciento.

Con el 5 por ciento de las exportaciones, también quedará comprendida en la medida la empresa Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); YPF, con el 3 por ciento; Agricultores Federados Argentinos, con el 1 por ciento; la portuguesa Amaggi, con el 1 por ciento; y otros, 1 por ciento.