El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray, quedó definitivamente sobreseído en una causa por enriquecimiento por decisión de la Sala I de la Cámara Federal.

Durante el caso, iniciado por una denuncia del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, los jueces investigaron la evolución patrimonial del funcionario y de su círculo íntimo durante 16 años (1998 a 2014) y concluyeron que no había pruebas suficientes para imputarle un delito.

Para entender el curso que tomó la investigación, hay que retrotraerse a febrero de este año, cuando el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Echegaray en un caso iniciado por una denuncia del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa. “No hay elementos concretos para cuestionar la situación patrimonial”, argumentó el magistrado que a fin de mes dejará su cargo.

El fiscal del caso, Eduardo Taiano, no apeló la decisión, pero sí lo hizo la Oficina Anticorrupción que encabeza Félix Crous.

El recurso fue presentado el 28 de febrero por los abogados Juan Carlos Duré y María Fernanda Terán. En el escrito tildaron el sobreseimiento como “prematuro”. Y recordaron que Canicoba Corral sobreseyó a Echegaray sin esperar el resultado del peritaje contable sobre los bienes del ex funcionario público que se demoraba en concluir. La OA había solicitado además que se intimara al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema para que entregue un informe pendiente y en virtud de esa nueva prueba se volviera a analizar la situación procesal del imputado.

La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, realizó las medidas sugeridas por la OA y por la Unidad de Información Financiera (UIF) y no encontró elementos de interés para avanzar con la acusación, según Infobae. Ya había argumentado Canicoba Corral: “Con la totalidad de la prueba colectada (declaraciones juradas, escrituras públicas, informes de dominio, constancias de los registros públicos de diferentes provincias, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, etc.), la cantidad de años de investigación y la búsqueda de datos a través de los consumos y gastos perpetrados por el causante, nada se pudo concluir; lo que le genera al suscripto la convicción de que no media elemento concreto alguno para cuestionar la situación patrimonial del causante”.

El miércoles pasado, a las 21.19, cuando los camaristas discutían el caso, la OA desistió de la apelación presentada en febrero, lo que no alteró el curso de la investigación porque los jueces ya habían dispuesto las medidas solicitadas en el recurso y no habían encontrado pruebas en contra de Echegaray.