La denuncia de un delegado del sindicato Uatre en la línea 145 de denuncia de casos de Trata, derivó en una investigación y la imputación al dueño de un campo de Tabossi donde se localizó a un hombre de 58 años analfabeto que vivía y trabajaba en condiciones deplorables: dormía en un precario rancho con silo bolsas, le pagaba 1.500 pesos por mes, pasaba hambre y le retenía el DNI. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó que Natalio Rogelio Brondi debe ser procesado por el delito de Trata laboral agravado.

Según se observa en la causa, todo comenzó a fines de mayo de 2020, cuando el delegado de peones de campo de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, Roberto Antonio Planes, llamó al 145 y denunció la situación de explotación de un hombre en el campo de Tabossi.

La Fiscalía Federal de Paraná abrió la investigación y solicitó tareas a Gendarmería Nacional, que lograron determinar que el predio pertenece a Brondi e identificaron a la víctima, Tránsito R. G., oriundo de Viale. Los agentes señalaron las condiciones de precariedad del inmueble donde se alojaba la presunta víctima, y en una pequeña entrevista con él supieron que vivía en ese lugar desde hace aproximadamente 11 años, que realiza tareas como peón y cuidador de la propiedad, por las cuales percibía 1.500 pesos por mes, su único ingreso que se le terminaba rápidamente y que pasa varios días sin comer. Tránsito expresó que en varias oportunidades Brondi le retuvo su DNI, después se lo devolvía, pero nunca supo con qué propósito, publicó Uno Entre Ríos.

El 9 de julio de 2020 se procedió al allanamiento y rescate, con profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata.

Un mes después, Tránsito declaró en cámara gesell ante una psicóloga del Programa. Contó su historia personal y relató lo que vivió en los últimos años en ese campo.

Brondi fue indagado e imputado por “haber acogido al señor Transito R.G., aprovechándose de su vulnerabilidad circunstancial (por su situación de analfabetismo) para trabajar en el campo, ubicado en la zona rural de la localidad de Tabossi, Departamento Paraná, le ofreció alojamiento a la víctima, donde este vivió al menos desde el año 2015 hasta el día de su rescate, el cual constaba de una habitación muy precaria, en malas condiciones de habitabilidad, sin ducha para higienizarse, ni cocina-comedor, circunstancias que hacían indigna su ocupación. Además, el encartado le pagaba a Giménez un sueldo muy por debajo del mínimo legal, por labores que realizaba, de jornada completa, cuidando animales y el establecimiento agropecuario”.

El juez federal Leandro Ríos lo procesó por Trata de personas con fines de explotación laboral, bajo la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por haber mediado aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad y por encontrarse consumado. El mismo tiene una pena de ocho a 12 años de prisión efectiva.

Apelación

La resolución fue apelada por el abogado defensor, Rubén Pagliotto, quien entre otras cosas argumentó que no hubo por parte de Brondi un acto de trata de persona y que, a lo sumo, si se quisiera hipotetizar, podría existir un conflicto de índole laboral. Aseveró que la supuesta víctima no utilizaba los dormitorios del campo por propia decisión, y que prefería hacerlo en una modesta casilla a metros de la vivienda familiar.

Asimismo, el abogado agregó que el dueño del campo le proveía a Tránsito todo tipo de alimentos menos alcohol. Adujo que el trabajador encontró una solución habitacional por un tiempo, que se extendió hasta el desafortunado desenlace, y que los Brondi al alojarlo realizaron con él un acto solidario.

En este sentido, aseguró que Tránsito era un hombre que no calificaba para ser peón rural ya que no sabía manejar vehículos, maquinarias rurales y ni siquiera sabía montar caballos, ni otros trabajos mínimos que cualquier trabajador rural sabe hacer. Y que se manejaba en una bicicleta provista por la propia familia Brondi, con la cual entraba y salía sin límites del campo.

El fiscal Ricardo Álvarez valoró las pruebas de la investigación, las cuales aseguró que han permitido abonar la idea que Brondi tenía pleno conocimiento y aceptaba que la víctima se alojara en las paupérrimas condiciones de supervivencia detectadas en su propiedad rural. Pidió confirmar el procesamiento, aunque sostuvo que se debe profundizar la investigación con testigos, como los familiares de la víctima.

Triste y deteriorado

Los camaristas Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, resolvieron confirmar el procesamiento. En la sentencia del pasado jueves, citaron informes y testimonios elocuentes de la situación en que vivía la víctima, de los cuales “se desprende que la situación de trabajo era de suma precariedad, con jornadas laborales extensas –de lunes a lunes sin horario fijo-; y que habría sido el imputado Brondi quien le ofreció el trabajo, traslado y acogimiento y lo mantuvo en situación indigna de habitación en su campo, sin condiciones sanitarias adecuadas, adeudando remanentes salariales, sin contrato o registro laboral alguno, descontando montos por alimentos, entre otras circunstancias”.

El informe del Programa Nacional de Rescate fue contundente al señalar que “los hechos vivenciados por el señor G. a lo largo de su vida, sus carencias, su gran vulnerabilidad y los escasos recursos simbólicos con los que contaría, habrían permitido la naturalización de muchos de los supuestos narrados por él y consecuentemente un aprovechamiento manifiesto por parte Sr. Brondi. Un elemento claro de lo mencionado quedaría reflejado el hecho de haber percibido durante 12 años una suma de dinero que se habría vuelto, desde hace años, desproporcionada para la jornada que cumpliría”.

Asimismo, refirió la falta de atención médica, ya que la víctima no contaba con cobertura de salud y de su relato se destaca que hacía muchos años no se realizaba estudios médicos.

La descripción del lugar donde dormía el hombre también resultó dramática: “En cuanto a las condiciones de habitabilidad en la que se encontró el Sr. G. durante estos años serían muy precarias y distarían de ser dignas para cualquier trabajador, con techos inadecuados y espacios reducidos que lo dejarían expuesto a las inclemencias del tiempo, dada la existencia de agujeros y falta de ventanas, sin olvidar la presencia de otras condiciones inseguras. Existiendo sin embargo en el predio una construcción, desocupada y con todos los servicios, el Sr. Brondi limitaría su uso a determinados sectores, dejando a G. en un estado de vulnerabilidad mayor que el que se encontraba antes de ingresar el campo”.

Señalaron que el dueño del campo iba cada 10 días, controlaba y se iba.

Un testigo civil del allanamiento contó que Tránsito “se encontraba en una vivienda, muy precaria, la cual no tenía ni los elementos necesarios para vivir, toda rota, con un plástico de silo bolsa que la cubría para que no se lloviera, piso de tierra y no tenía baño”. Recordó que el peón “manifestó que lo había puesto el dueño del campo, al cual le decía el ‘Nono Brondi’, para cuidado del mismo y de otras casas que había allí, las cuales eran supuestamente de uso del dueño del campo. Decía que sólo le pagaba 1500 pesos, que no tenía para comer, por lo cual debía cazar para alimentarse. Las condiciones físicas de esta persona eran muy malas, estaba flaco, deteriorado y en el momento de la entrevista lloraba”.

También fue crudo el testimonio del gendarme que investigó el caso:

“Recuerdo que señor G. nos manifestó que en un momento su patrón le retuvo su DNI, y que cada vez que le solicitaba alimentos a su patrón porque no tenía para comer, este se molestaba mucho… continuamente decía que tenía miedo de su patrón por lo que nos solicitó si nos podíamos ir. Se lo notaba muy triste, recuerdo que decía que se quería ir de allí, pero que no tenía donde ir, en su aspecto físico se lo veía deteriorado”.