Un dictamen judicial dispuso una “recomposición ambiental” por parte de la empresa Altos de Unzué. El fiscal del Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, explicó que la empresa logró una habilitación municipal para hacer un determinado emprendimiento. Esa iniciativa tuvo un certificado de aptitud ambiental que aprobó la Secretaría de Ambiente de la provincia; es decir, que la única intervención en torno a este tema fue la emisión del certificado de aptitud ambiental”.

Este certificado fue impugnado por el abogado Julio Majul, quien comenzó con este extenso litigio que involucró a las municipalidades de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, a la empresa privada y al gobierno entrerriano.

“Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó dictando una sentencia donde anuló la resolución que otorgó el certificado de aptitud ambiental y mandó hacer una recomposición ambiental. A partir de ahí, se empezó a sustanciar un nuevo procedimiento con intervención de la empresa y de los organismos de la provincia. Tanto la Secretaría de Ambiente como la Dirección de Hidráulica trabajaron para aprobar un plan de recomposición ambiental; y ese plan fue el que aprobó hace una semana la Secretaría Ambiente a través de una resolución”, explicó Rodríguez Signes.

Imagen de archivo del barrio fluvial Amarras: pese a la sentencia judicial, todo sigue impune, sin reparaciones ambientales y bajo la cultura de la arbitrariedad.

En materia ambiental, la Justicia es impotente para hacer cumplir la ley

Hasta el momento no quedó en claro si esa recomposición ambiental implica una destrucción total de lo avanzado, o simplemente de un accionar sobre la naturaleza, sin quitar las estructuras.

“Un punto principal era la afectación al régimen de crecidas del río Gualeguaychú que por la obra de Amarras corría riesgo de que se produjera inundaciones del lado de Gualeguaychú. Ese era el punto central que examinó Hidráulica, entonces en función de esa crítica, le exigieron a la empresa un plan de contingencia; una reforma al planteo de la obra para poder resolver esa situación en particular”, indicó el fiscal de Estado.

Además, Rodríguez Signes fue muy cauto e indicó que primero “hay que ver si esta resolución queda firme o no porque es susceptible de impugnación, como cualquier acto administrativo. Segundo: transcurrido ese plazo está la decisión de si mantiene el destino de ser un barrio de viviendas o no. Esa es una decisión del municipio de Pueblo General Belgrano, porque de ninguna manera la provincia avanzó sobre las competencias municipales que son definir el destino del lugar. Eso no nos corresponde”.

En referencia a si Amarras podría continuar adelante y convertirse en un barrio, Rodríguez Signes agregó: “Una vez que se recomponga el ambiente, que cumplan con el plan de recomposición ambiental y si el municipio de Pueblo Belgrano lo autoriza”.

 (Ahora El Día)