De ANÁLISIS

Integrantes de organizaciones ambientalistas denunciaron la realización de una fiesta electrónica en el humedal frente a las costas de Rosario, el cual está declarado como área natural protegida.

La denuncia periodística formulada en el diario La Capital de Rosario y en ANÁLISIS, entre otros medios, fue inmediatamente tomada por la Fiscalía Federal de Victoria con orientaciones formuladas por el juez Federal Federico Ángel Martín.

Esto implicó un mega operativo dispuesto por la fiscal federal interina de Victoria, Rosana Luggren, Secretaría única a cargo de Mariana Farabello y con conocimiento del magistrado interviniente se convocó a personal de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos que cumple servicios en la Departamental Victoria, además de comunicar las actuaciones a la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Incluso el juez Martín le corrió vista a la fiscal Luggren de la causa Civil que se sustancia en ese Juzgado por denuncias de ambientalistas que se agregaron a la causa penal que se impulsó desde la Fiscalía por estar ante una noticia criminis.

De hecho, la fiscal Luggren también libró oficios a la Municipalidad de Victoria, quien respondió que no había autorizado ninguna fiesta en zona de humedales.

En el entendimiento que se estaba ante la posibilidad de afectaciones a la seguridad humana y ante un probable daño ambiental, la Fiscalía ordenó a Prefectura Naval para que se apersone en el lugar y al llegar los uniformados constataron que estaba cerrado. Se trata del complejo de deportes acuáticos Wakeland, ubicado en el kilómetro 4 de la Ruta 174, a poco de bajar del puente Rosario-Victoria.

Del mismo modo la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, acompañados por personal de la Policía de la Provincia también se llegaron hasta el predio donde constataron que estaba cerrado.

La fiscal le ordenó a Prefectura que se quede constituida en el lugar hasta que alguien se apersone. Su intuición fue acertada porque a primera hora de la madrugada de hoy se había acercado hasta el lugar una persona que se presentó como familiar del propietario del predio y a quien se le notificó de la medida judicial que se estaba desarrollando.

Para la Fiscalía Federal de Victoria las actuaciones siempre estuvieron encuadradas en medidas razonables y conforme a los protocolos vigentes de modo de proteger vidas y bienes.

Así, Prefectura luego le informó a la fiscal que al predio ingresó un ómnibus repleto de personas, además de innumerables vehículos particulares e incluso hasta una ambulancia de un servicio médico.

De acuerdo a las actas del procedimiento, pasadas las 3 de la mañana se inició la fiesta ilegal y la fiscal solicitó al juez Federal la autorización para realizar el allanamiento a los fines de secuestrar todos los elementos de prueba y que queden identificadas las personas responsables. Este acto se concretó en horas de la tarde de hoy, en un operativo de seguridad conjunto entre la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Entre Ríos, donde se pudo secuestrar equipos de sonido e innumerables elementos vinculados con el desarrollo de la fiesta ilegal.

Incluso, desde la Secretaría de Ambiente se ordenó que se apersonara un biólogo a los fines de constatar el posible daño ambiental provocado.

No es la primera vez que se generan estas actuaciones por parte de los propietarios del predio, dado que tienen antecedentes por idénticos comportamientos que constituyen una clara desobediencia judicial por reiteración de conductas. En este marco, ya se sustancia una causa de similar alcance de la cual el responsable del lugar y otras personas fueron llamadas a declaración indagatoria a fecha a confirmar en las próximas jornadas. Y a la que se le sumará lo ocurrido hoy a la madrugada.

Así, quedó corroborada la denuncia periodística que se hizo eco ANÁLISIS, en el sentido que se estaba organizando una fiesta electrónica ilegal en una zona protegida de las islas de jurisdicción de la Municipalidad de Victoria.

Esta fiesta ilegal había sido promocionada bajo el nombre “Exiled - Private Party”, y anunciada para las 2 de la madrugada de hoy, y la rápida intervención de la Justicia Federal evitó males mayores a una zona que es considerada un humedal y que obliga al Estado a su protección y resguardo.

La problemática de las fiestas en las islas ha sido un hecho constante que se viene sucediendo en los últimos años, y que hasta hoy no ha logrado ser contenido por las autoridades que tienen jurisdicción en el lugar. La actuación de la Justicia Federal de Victoria recrea la esperanza de que esta vez habrá mayor celo para proteger el interés general por encima de los mezquinos intereses individuales.

Una productora de eventos vende las entradas para una fiesta electrónica a 11 mil pesos en un predio que está regulado como área natural protegida en los humedales de las islas entrerrianas de Victoria.

Denuncian que habrá una fiesta electrónica ilegal en una zona protegida de las islas

Antecedentes

Este predio conocido como Wakeland, ubicado en el kilómetro 4 de la Ruta 174, a poco de bajar del puente Rosario-Victoria, tiene antecedentes por desobediencia judicial.

Una de las denuncias se realizó los sábados 12 y 26 de febrero de 2022. También hubo otras denuncias registradas el 23 de julio del año pasado y que incluso debió intervenir personal de la Delegación Islas de Victoria y de la Brigada contra el Abigeato de la Policía entrerriana.

El ganadero Enzo Federico Vignale es quien tiene una habilitación municipal para el funcionamiento como parador, con el nombre de fantasía Wakeland. Pero no figura como organizador de las fiestas porque pesa en su contra una cautelar de la Justicia Federal. Se trata de un amparo ambiental dictado el 1° de julio de 2020, por el juez Federal 2 de Paraná, Daniel Alonso, cuando se sucedían los reiterados incendios en las islas del humedal del río Paraná.

En esa oportunidad se prohibió de manera absoluta “acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”. Lo que incluye las convocatorias con música, alcohol y consumos recreativos.

Así, se adoptó una suerte de subarrendamiento del predio a un tercero, que en un operativo de inspección argumentó ignorar las normativas del plan de manejo del humedal y la cautelar de la Justicia Federal.

Eso no es todo. También se han detectado otras irregularidades vinculada a esta clase de fiesta ilegal como la ausencia de registros contables de la recaudación, lo que agrava porque se estaría incurso en evadir pagos de impuestos. En otras intervenciones, los organizadores han negado estar en la ilegalidad porque aducen que se trata de una fiesta privada y que el cobro de la entrada no tiene ese carácter sino el de contribuir con los servicios prestados para el encuentro.

La fiesta denunciada y que se desbarató esta madrugada fue promociona por Boiler Producciones. Varias organizaciones ambientales señalaron al hijo del propietario del predio en cuestión, Federico Andrés Vignale, como el organizador de las fiestas electrónicas ilegales en el Delta y lo sindican como la cara visible de Wakeland.

El año pasado, Vignale había solicitado ante el juez federal Federico Martín construir una especie de complejo turístico en el predio de su padre, Enzo Vignale. En mayo del año pasado, el juez le recriminó haber iniciado las obras sin haberlas declarado y sin el aval del certificado de aptitud ambiental. Además, dejó registrado que Vignale posee una causa que se tramita en ese mismo juzgado por “desobediencia”. Es esa causa la que avanzará en estos días con el llamado a declaración indagatoria, a la que ahora se sumará las actuaciones realizadas hoy y que permitió detectar esta fiesta electrónica ilegal.