A horas de dejar la presidencia, casi como un último gesto de aferrarse a las mieles del poder, Alberto Fernández modificó a través de un decreto los objetivos de la Casa Militar, que se encarga de la custodia presidencial, con el fin de garantizar la escolta permanente también a los ex mandatarios en todo el mundo y en forma vitalicia. Es decir, el ex presidente se aseguró la custodia para él y su familia mientras permanezcan en Europa con motivo de sus visitas a universidades de ese continente donde impartirá clases.

Ahora, y luego de una primera presentación ante la Justicia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informó que se derogó el decreto que extendía la custodia a ex presidentes cuando se encuentran fuera del país.

"¡Se terminan los privilegios de la clase política!", indicó en un mensaje en redes sociales la ministra junto al decreto que pone fin a la decisión tomada por Fernández antes de dejar el poder.

"Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos", añadió.

En las últimas horas se había realizado la primera presentación ante la Justicia en contra del decreto. La Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos que tiene como una de sus principales espadas al ahora ministro porteño Roberto García Moritán, había presentado una cautelar y un amparo para frenar el decreto.

La presentación se había hecho a través de los representantes de la fundación, el legislador porteño Yamil Santoro - que asumió en lugar de García Moritán, y José Magioncalda, con el patrocinio del abogado Christian Cao.

El escrito pedía que el tribunal ordene al Poder Ejecutivo o a la autoridad pública que tome parte del asunto cesar y/o abstenerse de aplicar la medida que calificaron “irrazonable”.

Alberto Fernández y su familia pasarán una temporada en Europa mientras imparte clases en distintas universidades. Foto Guillermo Rodríguez Adami. Alberto Fernández y su familia pasarán una temporada en Europa mientras imparte clases en distintas universidades. Foto Guillermo Rodríguez Adami.

En concreto, el decreto firmado a último momento por Fernández amplió la Custodia de la Casa Militar y la Policía Federal a los ex presidente y en todo el ámbito internacional. Este cambio, detallaron desde la Fundación Apolo, implicaba una modificación del decreto original, que marcaba que la Casa Militar debía proveer la seguridad del Presidente y sus familiares directos y de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del jefe de Estado y su familia.

El decreto firmado por Fernández sustituía esa función de la Casa Militar por la siguiente: “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

Además, según destacan en la denuncia, el decreto no identificaba cuáles son las personas/funcionarios que la Casa Militar deberá proveer de seguridad personal, ya que la figura de “ex mandatarios”, consideraron, resulta imprecisa y no jurídica.

Para la fundación, la decisión de Fernández vulneraba el principio de “austeridad republicana” consagrado en el artículo 2°, inciso b, de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, con el fin de orientar la conducta de los servidores públicos.

Se enmarcaba también en los dichos de su sucesor, Javier Milei, durante el discurso de asunción donde afirmó que el Estado no tiene plata. En ese contexto, la entidad había sostenido que resultaba "inédita la concesión de un privilegio/título nobiliario para todo 'exmandatario' a perpetuidad que implique una custodia personal en todo el planeta”.

Por otra parte, la presentación subrayaba que el decreto pasaba por alto la falta de especificación de los territorios a cubrir, puesto que no se distinguía si el “ex mandatario” estaba trabajando o de vacaciones o cualquier lugar del mundo. “Va de la mano con la falta de claridad en los costos de un operativo de protección ya que el decreto atacado no fija tope o límite de estipendio”, precisaban.

“En otras palabras, todo el tiempo que un/unos exmandatario/s decidan viajar por el mundo durante contarán con custodia por parte de la Casa Militar, sin importar el sacrificio que la ciudadanía deba hacer costeándolo con sus impuestos”, remarcaron.

En el escrito presentado ante la Justicia, la Fundación Apolo subrayaba que el decreto de Fernández pretendía "imponer arbitraria e irrazonable y disociado del sistema republicano, un privilegio que reúne características inespecíficas”.

“Lo burdo y precario del decreto –evidentemente de redacción apresurada el último día de un mandato presidencial- agrava la irrazonabilidad del privilegio que pretende cristalizar”, concluían.