Un año después, Odebrecht dobló la apuesta. El gigante brasileño demandó al Estado argentino por presunta discriminación, al afirmar que no le permite competir por nuevos contratos de obra pública porque admitió en Brasil y Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina, sanción que sin embargo no aplicó a las constructoras locales con las que compite y que integran los “cuadernos de la corrupción”, según surge de la demanda que presentó ante la Justicia y cuya copia obtuvo el diario La Nación.

Odebrecht centró su reclamó en su suspensión en el Registro Nacional de Constructores (RNC), lo que en la práctica le impide competir por nuevos contratos a pesar de que ya venció el plazo de esa suspensión y completó los requisitos para su reinscripción, sin obtener una respuesta satisfactoria.

“Ello, aunque es público y notorio que muchas otras compañías de plaza han reconocido expresamente haber atravesado situaciones similares”, planteó la constructora Odebrecht a través de sus abogados, “sin que el RNC haya adoptado una tesitura similar, por lo que se advierte una evidente discriminación”.

La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra Giménez, aceptó la ampliación de la demanda y ordenó nuevos oficios en el expediente que Odebrecht inició el año pasado, cuando por primera vez planteó que en la Argentina afrontaba una “desigualdad ante la ley”.

Según reconstruyó el diario La Nación sobre la base de fuentes oficiales, el Registro suspendió a por lo menos 20 empresas entre diciembre de 2015 y mediados de 2018.

Entre ellas, a Odebrecht, a la constructora CPC, de Cristóbal López, y a Isolux (responsable de la construcción de la central térmica de Río Turbio), pero a ninguna firma acusada en la investigación judicial basada en los cuadernos que redactó el chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno.

Por el contrario, algunas empresas señaladas en esa pesquisa, en el capítulo argentino del Lava Jato o en causas vinculadas a la “ruta del dinero K”, como Esuco y Decavial (ambas de Carlos Enrique Wagner), Roggio , Cartellone, Supercemento o Juan Felipe Gancedo, y las brasileñas Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Tiisa y Alumini Engenharia, afrontaban “procesos abiertos” y se encontraban bajo “seguimiento” en el Registro, pero sin que les hubieran aplicado suspensiones similares a la dispuesta contra Odebrecht.

Al responder aquel primer reclamo, el Ministerio del Interior rechazó los planteos de Odebrecht. Planteó que carecía de sustento y que la empresa brasileña no explicaba de “forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia el (Registro) habría aplicado criterios divergentes a una misma situación”. Y aclaró que el RNC “no toma las publicaciones de la prensa como elementos para sustentar sus resoluciones”, sino como “indicios”.

Nuevo reclamo

Transcurrido poco más de un año, Odebrecht volvió ahora a la carga. Le pidió a la Justicia “revisar la totalidad de los antecedentes de hecho y de derecho que resultan aplicables” y advirtió que la suspensión de la RNC persiste “a pesar de haberse vencido hace largo tiempo el plazo contemplado”.

Esa dilación se debió en parte, según Odebrecht, a que el Registro pasó de funcionar bajo la órbita del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete, se modificó su estructura organizativa y se emitió una nueva disposición reglamentaria, lo que consumió meses.

Las trabas burocráticas se combinaron, además, con las dilaciones de la Justicia penal. Transcurridos dos años y cinco meses y medio desde que las evidencias sobre los sobornos a exfuncionarios argentinos quedaron a disposición en Brasil, ninguno de los jueces y fiscales argentinos a cargo de las investigaciones logró acceder aun al material incriminatorio.

El capítulo argentino del Lava Jato abarca tres investigaciones penales que abordan los posibles delitos cometidos en tres proyectos: el soterramiento del tren Sarmiento, la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos.

Esas investigaciones muestran, hasta ahora, distintos avances, pero en ninguna de las tres pesquisas se tomó declaración a los ex ejecutivos de Odebrecht -como Luiz Antonio Mameri o Marcio Faria da Silva, entre otros- que en Brasil se convirtieron en “delatores premiados” y aportaron fechas, cifras y nombres de los exfuncionarios argentinos del entorno del entonces ministro Julio de Vido que cobraron sobornos o habrían intermediado en los pagos, como Jorge “Corcho” Rodríguez.

Ahora, sin embargo, al ampliar la demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal, Odebrecht planteó que el Registro Nacional de Constructores le pidió “información improcedente y, en muchos casos, en poder de terceros que ninguna relación guardan con este trámite”, pero que en la práctica le impiden renovar su inscripción y competir por nuevos contratos de obra pública.