N.B. de ANÁLISIS 

El extitular de la tarjeta del Estado Sidecreer, Juan José Canosa, se defendió este miércoles y pidió ser desvinculado por sobreseimiento él y su pareja (la defensora oficial Paula Montefiori), de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario político del urribarrismo concurrió a los tribunales paranaenses junto a los abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo para pedirle al vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gervasio Labriola, que rechace la resolución de la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Barbagelata. Los abogados habían pedido a la magistrada, en noviembre pasado, que declare “la insubsistencia de la acción penal” por “violación de los plazos razonables” y, en consecuencia, dicte el sobreseimiento del matrimonio.

“Cuando todo esto empezó, mis dos hijas menores estaban en jardín de infantes y mi hija mayor en primaria. Dejé Sidecreer en 2015. La barbaridad de esta situación es inconmensurable por más que no haya prisiones preventivas. Es imposible mensurar la condena que vengo sufriendo. Ni hablar del castigo de los medios, que permanentemente me tienen en la parrilla a mí y mi familia, varias veces al año”, declaró Canosa en el último tramo de la audiencia.

El planteo defensivo fue contestado por el fiscal Gonzalo Badano, que quedó a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los exfiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo (los dos ganaron concursos del Consejo de la Magistratura y son jueces desde el año pasado). Badano solicitó a Labriola que confirme la resolución de Barbagelata. “Estamos en condiciones de remitir la causa a juicio”, sostuvo. Más adelante subrayó que los informes contables en la causa plantean dos escenarios patrimoniales posibles y, ambas hipótesis, concluyen en la posibilidad de enriquecimiento.  

La decisión del vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones se conocerá en los próximos días.

“No hay forma que se convalide la resolución de la dra Barbagelata sin que se viole el debido proceso”

El abogado Miguel Cullen atacó la decisión de la jueza de Garantías en la causa, pidió que se rechace y se dicte el sobreseimiento de Canosa. “Se agotaron todos los plazos para la Investigación Penal Preparatoria. El Ministerio Público Fiscal carece de facultades para continuar en este proceso alongado y terriblemente largo, una causa que ya tiene 8 años”, dijo Cullen y criticó que Fiscalía no haya pedido prórrogas durante la investigación.

“La juez Barbagelata reconoció que al Ministerio Fiscal se le agotó el tiempo para investigar pero decidió darle 40 días más para que resuelvan la situación”, apuntó y señaló: “Se nos abren puntos de alarma constitucionales”.

El defensor aseguró que Canosa siempre estuvo a derecho y ofreció información para el proceso. “Canosa se presentó. Levantó el secreto fiscal y bancario, puso a disposición sus papeles y pidió que investiguen todo lo que quieran. Esto fue en 2016”, aseguró y agregó que en el marco de la investigación pidieron información bancaria que ya no existe por normativa del Banco Central.

Más adelante, recordó el fallo Cozzi de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre los plazos procesales. “Antes de este fallo parecía que Entre Ríos tenía una especie de código protectorio de sistemas corruptos”, manifestó y añadió: “Los plazos procesales no son un invento entrerriano sino tienen que ver con Justicia y equidad. Al menos desde el siglo XVII se plantea que el proceso debe acabarse en el menor tiempo posible. Tenemos que ya se decretó que existió omisión de cumplimiento por parte del ministerio fiscal, no se pidió una prórroga, no se está haciendo pedido de impunidad”.

“No hay posibilidades de sanear las omisiones del MPF en la IPP. Se perdió prueba dirimente a causa del paso del tiempo y Canosa no tiene la culpa. No queda otra solución que dictar el sobreseimiento”, reclamó.

“Dirigimos estas fuertes críticas a quienes tenían la investigación”

El abogado Andrés Bacigalupo, representante de Montefiori, dijo que el daño hecho a las personas investigadas “muchas veces queda invisibilizado si no están en prisión preventiva”. “Es una quimera sostener que una causa abierta tantos años no destroza la vida de una persona”, valoró.

De inmediato, recalcó que “las fuertes críticas las dirigimos a quienes en aquella oportunidad dirigían la investigación, que eran los doctores Juan Malvasio y Santiago Brugo. Fueron los directores de la investigación desde el inicio”. “El doctor Badano se encontró con una causa bastante compleja como la presente. Hizo un estudio pormenorizado de la misma y de manera adyacente a la vía recursiva, con mi asistida, sin renunciar nunca a esta instancia, seguimos evacuando citas que se encontraban en el fallo de la dra Barbagelata. El fiscal Badano adoptó la tesis que esta defensa siempre sostuvo respecto de Paula Montefiori y que surge de la pericia oficial, de que debían investigarse los patrimonios por separado”, manifestó.

Bacigalupo adelantó que sin abandonar esta instancia están en “vías de presentar un sobreseimiento conjunto de la dra Paula Montefiori”.

Enriquecimiento ilícito: Canosa apela el rechazo a su pedido de sobreseimiento

“Existen elementos para que esta causa se ventile en juicio”

El fiscal Gonzalo Badano, que se hizo cargo de la causa a finales del año pasado, aclaró que en su resolución “la dra Barbagelata analizó el antecedente Cozzi y entendió que la Sala Penal no declaró la extinción de la acción penal, sino la insubsistencia para seguir investigando”. Agregó que “no hay una línea directa entre los dos casos (causa Cozzi y causa Canosa) para aplicarlo”.

Dijo que se trata de una causa compleja y evaluó la totalidad de los elementos. “Existen elementos como para que esta causa se ventile en un debate. Sin embargo, realicé algunos cambios en los hechos atribuidos. Incluso, hay un año que se eliminó entre otras cuestiones que fueron modificadas”, contó.

“En la actualidad nos encontramos en tercer período de evacuar citas”, dijo el fiscal y afirmó que necesitan tiempo para hacerlo con objetividad. “Más allá de que existen elementos para remitir”, acotó.  

En el marco del legajo, la pericia contable oficial se completó el 22 de noviembre de 2022. “La conclusión es que hubo enriquecimiento. Tanto del perito de parte como de la perito del STJ. Ellos plantean dos escenarios de acuerdo a la documentación de la causa”, alegó y puntualizó: “En un escenario se determinó un enriquecimiento de más de 200 mil dólares y en otro escenario uno de más de 500 mil dólares. Es decir, hay enriquecimiento apreciable en los dos escenarios”.

Cabe recordar que en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el 25 de abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales, disposición que autorizó la jueza de Garantías Paola Firpo: Mutual Modelo, en Gualeguaychú 204; Mutual Urquiza, en Urquiza 80; Mutual Solidaridad, en Libertad 139; y en la Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió una serie de “inversiones” de Canosa en dos mutuales.

“El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos,  operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló el entonces fiscal Malvasio en una audiencia realizada el 4 de agosto de 2017, recordó el sitio Entre Ríos Ahora.

Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.

“El presidente de la Mutual 10 de abril acompañó a la Fiscalía un contrato de mutuo, que está refrendado por el imputado Canosa y por el presidente de la mutual. Es una inversión de 100 mil dólares, Con un interés del 15% anual. Asimismo, Mutual Amcap ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que el imputado Canosa, entre abril y noviembre de 2016, invirtió entre 300 y 400 mil pesos en la mutual”, añadió entonces.

Así, la investigación judicial detalló, en principio, la destreza como buen inversor de Canosa: en la Mutual 10 de Abril “invirtió” primero 920 mil, y luego, 100 mil dólares; y en la Mutual Amcap, entre $300 mil y $400 mil.

En aquella audiencia, el fiscal hizo notar que “en las declaraciones juradas de Canosa no se advierten estas sumas invertidas”.

En la investigación también se supo que Canosa cuenta con 4 lotes, con una superficie 1.424 metros cuadrados, en el Complejo Interlagos de las Termas de María Grande. Y que pasó de ocupar un departamento adquirido mediante el sistema Pilay, en calle Urquiza al 1500, a tener una grandiosa mansión en la zona de la Toma Vieja, con bodega privada incluida.

“¿Qué pensarán mis clientes, que me enriquecí?”

Canosa fue a la audiencia de apelación este miércoles y ocupó buena parte de la misma para defenderse. Dijo que desde 2015, cuando dejó Sidecreer se dedica a la actividad privada (es abogado), colabora con bufetes y teme firmar escritos. “Me da cosa firmar escritos porque ¿qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, preguntó. Recordó que la causa inició cuando sus hijas eran niñas y, actualmente, una ya está en la universidad. “Hace 8 años que estoy en esta situación”, criticó.

Canosa también fue investigado y en 2018 tuvo una condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En esa instancia se apuntó a su rol al frente de Sidecreer y las contrataciones de la tarjeta con pequeñas empresas vinculadas a familiares políticos.

“Esta investigación tuvo huecos, se paralizó, el Estado abandonó esta investigación”, se quejó sobre el legajo que actualmente se discute en los estrados locales. Después hizo una especie de cronología sobre la marcha del proceso. “El primer día que me convocaron a designar abogado defensor, levante el secreto bancario, puse a disposición mis computadoras, libros de trabajo, papeles. No sé para qué después fueron a secuestrarlas. Hace poco encontré facturas de la construcción de mi casa y desde el MPF las tomaron como válidas ¿qué hubiera pasado si las presentaba en el momento oportuno?”, lamentó.  

“No es una causa compleja”, acotó después. “No construí mi casa con dinero mal habido, lo hice con un crédito hipotecario y el banco en su momento nos dijo que teníamos buen perfil de ingresos profesionales y de la función particular”, sostuvo, en referencia a su esposa también.

“Después de 8 años el Poder Judicial me tiene que escuchar. Vengo a pedir basta ¿cuánto más?”, reclamó. “La persecución sobre mi persona no tiene nombre. Lo único que pido es justicia y que concluya esta causa como corresponde, con criterio de humanidad, no me pueden tener tanto tiempo así”, pidió.